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AÑO 3, NÚMERO 5 - VERANO DE 1999
Publicado el 04/11/2007


DESARROLLO CON EQUIDAD. EN BUSCA DE UN NUEVO CAMINO.



Por Isidoro Cheresky*



¿UNA NUEVA CIUDADANÍA?

Ahondar en el concepto de ciudadanía puede constituir un buen ángulo de entrada a las transformaciones políticas en curso que llevan actualmente a interrogarnos sobre la vigencia de los partidos políticos como agentes de la lucha política, el rol de los medios de comunicación en la vida pública y el grado en que las democracias contemporáneas dan cabida a la política en el sentido fuerte de formación de voluntades políticas de reforma (por oposición a la política como gestión).

Partamos de la intuición que la referencia a la ciudadanía ha reemplazado a la que se hacía al pueblo. El empleo de otro término para designar la fuente de legitimidad política constituye un giro considerable: en el pasado se aludía a un pueblo movilizado cuya expresión adoptaba una variedad de figuras de actividad (asamblea, manifestación, huelga), al peso de las organizaciones sindicales en la vida pública y finalmente a los partidos populares que con frecuencia tenían vocación de expresar una esencia del pueblo cuya verdad desdeñaba la consulta electoral. Ahora la ciudadanía es una referencia a un conjunto de derechos, a una fuente de legitimidad y a una entidad inasible de la que nadie puede apropiarse o tener un saber privilegiado y por ello está predominantemente medida por los sondeos de opinión o más formalmente por las consultas electorales.

Por supuesto que el largo período de inestabilidad política (alternancia de gobiernos de facto y gobiernos civiles de escasa legitimidad) favoreció durante una época que la expresión ciudadana se replegara sobre la condición social, pero no puede ignorarse que la subestimación de la condición política en provecho de la condición social tiene otras raíces, no circunstanciales, en la tradición populista. En consecuencia, sería de vista corta pensar que este desplazamiento, del pueblo por la ciudadanía, es la consecuencia automática del establecimiento de un régimen democrático. La observación de la evolución de las sociedades contemporáneas permite reconocer una gama de regímenes democráticos (distinguibles, por ejemplo, según el grado de intensidad de la vida política y según la fuerza de los instrumentos públicos para vehiculizar una voluntad política) y una variedad de configuraciones de la ciudadanía (que van desde una entidad virtual cuyo atributo son los derechos políticos a veces no ejercidos, pasando por una ciudadanía vinculada pasivamente con la vida pública por los medios de comunicación, hasta aquella que mantiene una existencia activa y que en ese medida constituye un foco de iniciativa política).

De modo que reconocer la mutación que se produce en la democracia argentina requiere de un tratamiento más complejo que el de la contraposición simple de una categoría de familiaridad populista con una más afín a la democracia.



CIUDADANÍA MÍNIMA Y NUEVA CIUDADANÍA

Si tomamos las dimensiones más formales (y políticas) de la ciudadanía podemos reconocer un largo proceso en su constitución. Por una parte, extensión de los derechos políticos por obra de la sucesión generacional: la población extranjera y en consecuencia privada de tales derechos había tenido un peso considerable en las primeras décadas de este siglo y recién en los años treinta y más decididamente en la posguerra la inmensa mayoría de la población activa llegó a gozar de los derechos derivados de la nacionalidad1. Por otra parte, extensión de los derechos a las mujeres y los más jóvenes2.

Igualmente significativo fue la limitación prolongada de los plenos derechos electorales a un sector cuyos miembros gozaban formalmente de esos derechos. Los peronistas desde el derrocamiento de su líder en septiembre de 1955 pudieron seguir votando pero se vieron frecuentemente privados de actuar con su identidad partidaria y sobre todo de ser electos bajo esa insignia. La inestabilidad existente entre 1973 76 impide considerar ese período como de pleno goce de los derechos, por lo que tal calificación nos remite finalmente a 1983 con el inicio del actual régimen democrático.

Pero, para que la ciudadanía adquiriera centralidad fue necesario que se produjeran otros procesos de transformación del texto de la ley, revalorizaran la política y la libertad política. En efecto, se asistió en las últimas dos décadas a un doble proceso de redefinición: debilitamiento de las pertenencias sociales y del encuadramiento partidario. De modo que la constitución de la ciudadanía argentina contemporánea puede ser considerada como un resultado de un proceso de desprendimiento del condicionamiento social que reducía los individuos a sus intereses categoriales y de sus identidades públicas adscritas.

La experiencia decisiva que desencadenó el proceso de evolución del corporativismo a una conciencia de derechos, fue la emergencia de un movimiento de derechos humanos bajo la dictadura militar de los 70. El movimiento por los derechos humanos fue precisamente un movimiento ciudadano, no institucional, no corporativista, y ya en ello revestía un carácter inédito. Este movimiento había nacido en la sociedad, no en su centro que permanecía bajo el influjo corporativista, sino en sus márgenes, de la acción de las víctimas de la represión y de algunas personalidades o individuos que actuaban a título personal. Fue inicialmente un movimiento aislado inmerso en una sociedad indiferente e incluso, por momentos y al menos en parte, seducida por el discurso autoritario de los militares. De modo que, la idea de derechos humanos echó raíces, en una sociedad que los ignoraba, sobre la base de una experiencia nueva consistente en reclamar en nombre de los derechos ante el Estado, considerándolo al hacerlo objeto de esta interpelación, incluso en una situación de gobierno autoritario, como debiendo ser el garante de esos derechos.

Esta idea de derechos humanos como un principio universal al cual quien quiera podía referirse como justificación de sus demandas, y la idea que el Estado podía ser considerado no como el instrumento de una fracción social sino como la representación de la sociedad, eran nuevas para la Argentina de los años setenta. Es sobre esta base que se creó una consciencia de derechos que a partir de un pequeño núcleo se difundió en la sociedad. La primera ola de esta consciencia de derechos contribuyó de un modo decisivo a revelar la naturaleza del régimen militar establecido en 1976. La figura misma de desaparición de personas se impuso pese a la pretensión militar consistente en que habiéndose producido una guerra lo sucedido estaba cubierto por una suerte de manto de olvido que inhibía referirse a los hechos o a valorarlos desde el punto de vista de derecho. Gracias a un movimiento social que actuó a espaldas e incluso a veces a contrapelo de la mayor parte de las instituciones y partidos políticos, incluso de aquellos opositores a los militares en el poder.

Esta primera experiencia de ciudadanía independiente se amplificó bajo el primer gobierno posdictatorial sobre todo en torno a las demandas de justicia relativas a los crímenes cometidos durante el período militar. Esta ciudadanía actuaba, aún en parte, con demandas que no eran tomadas en cuenta completamente por el sistema político. Durante los años ochenta ante las renuencias y sublevaciones

militares contra la acción de "la justicia, quienes se movilizaban lo hicieron con frecuencia abandonando sus identidades partidarias e integrándose en una masa ciudadana, lo que constituía un fenómeno sin precedentes en la Argentina contemporánea.

Un segundo impulso que contribuyó a la ampliación de la ciudadanía provino de las transformaciones ligadas a la modernización del Estado y de la economía. Este proceso es por cierto complejo. Se produjo entonces un cuestionamiento del estatismo, que hizo hincapié en la responsabilidad individual (de los usuarios y de los funcionarios públicos) y amplió la idea de derechos. Una buena parte de los servicios públicos fueron privatizados con el apoyo de la población que esperaba que el déficit que producían fuese reabsorbido con una buena gestión y que la mala calidad de los servicios suministrados fuese mejorada.

Otras reformas relativas a un mejor cobro de los impuestos y en consecuencia a la ampliación de la masa de contribuyentes se esperaba que ayudaría también a la transformación de la relación al Estado y a la distribución de los servicios. Un cambio en los comportamientos individuales que entonces se inició, estaría evidenciando una consciencia de consumidores y de contribuyentes también nueva. En un momento ulterior, el entusiasmo privatizador cedió lugar a una demanda de control del Estado sobre la calidad de los servicios y sobre la tasa de ingresos de las empresas monopólicas.

Esta evolución de las actitudes respecto al Estado en el sentido de la desconfianza respecto a sus competencias como proveedor de servicios comunes se amplió incluyendo el descrédito de las instituciones estatales sospechadas de estar pervertidas por la corrupción. Este desapego ante el Estado y las instituciones es un rasgo saliente de la nueva ciudadanía que no debería ser considerado simplemente como una actitud antipolítica, puesto que está acompañada por una confianza en el régimen democrático. Debe percibirse, sin embargo, que una consciencia de derechos puede articularse en direcciones muy diversas: hacía un individualismo atomista, si se considera que los derechos son prepolíticos y solo una valla ante el poder del Estado, o hacia formas de participación si esos derechos son considerados no como enunciados inmutables sino como principios reformulables en la interacción política.

La ciudadanía que se expande como consecuencia de las olas de derechos, a las que nos hemos referido, es nueva en el sentido que no sólo goza de los derechos políticos formales sino que éstos están revestidos de un nuevo valor. Esta ciudadanía se siente depositaria de estos derechos y es por ello que su ruptura con sus identificaciones y pertenencias permanentes ha conducido a la imprevisibilidad sobre su comportamiento electoral y más en general ha teñido la vida política de una presencia ciudadana constante. Que el voto sea la fuente de legitimidad pesa no sólo en ocasión de los escrutinios sino cotidianamente y por diversos medios, así, las preferencias del electorado son anticipadas.

Sin embargo, podemos sostener que el mayor interrogante respecto a la significación de la nueva ciudadanía en germen se refiere a su grado de pasividad. El proceso de ciudadanización ha sido también un proceso de caída de la pasión política y de la movilización. Las preocupaciones de los individuos ciudadanos son variadas, y los asuntos privados ocupan un gran lugar con frecuencia en detrimento de lo público.

Para interrogarnos sobre las condiciones favorables para que la libertad política se mantenga e incremente y, en consecuencia, para que la nueva ciudadanía se consolide y no se instale en cambio, una cultura del individualismo atomista, debemos por un momento considerar los cambios políticos más generales en el marco de los cuales se plantea el tema de la nueva ciudadanía.



LA ARENA POLÍTICA DOMINADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

CIUDADANÍA Y OPINIÓN PÚBLICA

La ciudadanía que comenzó a desplegarse en los años ochenta parece derivar hacía una expresión limitada de sus potencialidades: la opinión pública.

La ciudadanía define un conjunto de derechos y una forma de existencia social. La expresión característica y formal es como ya señalamos la consulta electoral. La ciudadanía se inscribe así en un lazo de representación con los dirigentes políticos electos. Los vaivenes de este lazo han estado tradicionalmente ilustrados por otras formas de expresión de la ciudadanía: protestas callejeras, petitorios, concentraciones, etc. Esta vida de la ciudadanía estaba sustentada en la acción de los partidos y eventualmente en otras formas de vida cívica. Aunque la ciudadanía es una referencia cuya esencia son los derechos políticos, su expresión no estaba disociada de las pertenencias más propiamente sociales como los sindicatos y otras formas de agrupaciones corporativas (en nuestro país especialmente las organizaciones estudiantiles).

Pero las condiciones de la vida ciudadana han cambiado sustancialmente. El desarrollo de los medios de comunicación ha colocado a éstos y particularmente a la televisión como los canales principales de información política. Pero el ocaso del partido de masas y militantes, con sus periódicos y hojas informativas, su organización territorial y el específico contacto en reuniones partidarias, en concentraciones públicas y en manifestaciones ha significado el desplazamiento de buena parte de la acción política al espacio mass mediático, de modo que lo que en este ámbito sucede incluye deliberación y decisiones políticas, así como influencia en la selección de líderes. Los militantes e incluso parte de los dirigentes se informan de las decisiones partidarias, al mismo tiempo que los ciudadanos, por el noticiero televisivo o por los programas de actualidad política. En paralelo al poderío de los medios se produce una metamorfosis de los partidos que se transforman en aparatos cuyo verdadero centro, de poder es cada vez más el candidato estrella rodeado de los expertos en gobernabilidad (el economista), en medios y en opinión pública.

Cuando decimos opinión pública en ese contexto mass mediático, nos referimos a una situación específica en que se hallan los individuos. Por una parte, los dirigentes/candidatos se han liberado buena medida de los condicionamientos impuestos por las estructuras partidarias y por las organizaciones sociales y aún más de la atadura a identidades ideológicas muy estructuradas que limitaban también su acción, pero al mismo tiempo se encuentran en dependencia creciente de la opinión pública. El "estado de la opinión" es un factor relativamente nuevo derivado de la homogeneización de una audiencia como resultado de la circulación de la información política por los canales mass mediáticos comunes a todos. A diferencia de la fragmentación informativa propia de la estructura de partidos-¬movimientos fuertes y de subculturas. También el desarrollo de técnicas de medición ha permitido crear la ficción de una especie de democracia directa dada por la continuidad de las mediciones de opinión, tanto sobre la popularidad de los líderes como sobre temas de decisión política puntual. A tal punto es así que ninguna decisión política parece substraerse al cálculo de las consecuencias electorales.

Es decir que la ciudadanía, en su carácter de opinión pública, tiene un peso incrementado en la vida política. Pero, por otra parte, como ya hemos sugerido la opinión pública tiende a ser ya no un estado o momento más de la ciudadanía sino a absorberla y a dominar mediante otras de sus manifestaciones, que devienen menores.

Por lo pronto esta opinión pública más mediática es pasiva. No se trata tan sólo de como los sondeos de opinión figuran y fijan su estado bajo la ficción de un espejo que no son. Más central es la propia relación de espectador o audiencia en la que la colocan los medios de comunicación. Esa relación público/medios (y sobre todo TV) tiene una consecuencia formativa sobre la opinión pública. Recientemente se ha alertado desde diferentes ópticas, ya sea sobre las consecuencias manipulatorias de este rol central de la TV (Bourdieu) como, ya más en general, del desaliento al pensamiento que supone el “ver televisivo", llegándose a concebir al homo videns como la expresión de un retroceso civilizatorio (Sartori).

Las condiciones actuales de formación de la opinión pública es un tema al que deberían estar atentos quienes se interesan en la vida política, pero sería prematuro avanzar mucho en él sin una investigación mas profunda. Sin embargo, es posible descartar dos variantes ingenuas que impiden un reconocimiento de las posibilidades que la nueva situación ofrece.

Una es la que considera que tanto el arbitrio de los propietarios de los medios de comunicación como la concertación de los periodistas pueden conducir a una manipulación orquestada y exitosa. Esta interpretación manipulatoria ignora que el principio que guía las decisiones en este medio es también el mercado, es decir, el de una competencia regida por la búsqueda de índices de audiencia en vistas al éxito comercial. Por cierto que el ámbito periodístico genera microclimas con la consiguiente selectividad de temas, personajes, etc., pero esta situación no lleva a la homogeneidad.

La otra es la de considerar que existe una espontaneidad de lo social que se traduciría en una independencia natural de la opinión pública. Lo que ella generaría por sí misma es lo que se reflejaría en las preferencias reveladas por las mediciones. Esta visión "espontaneísta" desresponsabiliza a las fuerzas intervinientes respecto a la producción de lo que finalmente prevalece como estado de la opinión. En definitiva no puede considerarse que en la relación audiencia-¬medios haya forzosamente un polo dominante.

Sin embargo, la audiencia está constituida por individuos aislados, que deliberan por vía interpósita si se sienten representados por los personajes que actúan en los medios y se comunican con los otros auditores o lectores también por esta misma vía. La audiencia si es el modo único o primordial de existencia de la ciudadanía y fuente de la opinión pública es efectivamente maleable como lo es siempre el individuo cuando está privado de una presencia real en el ámbito público (en donde pueda mostrarse y ser visto, Arendt).

El problema en consecuencia, es el de saber si, en las condiciones presentes, pueden desarrollarse formas de vida pública y de actividad política basadas en la asociatividad y la deliberación directa. En la medida que sea así la ciudadanía reconocería a la audiencia más mediática como uno de sus momentos y la opinión pública sería más resistente a su modelación por los medios y la propia relación audiencia medios sería mas equilibrada.



LA CIUDADANÍA Y LO SOCIAL

En los años recientes la expansión de la ciudadanía política ha sido paralela al retroceso de los derechos sociales. Pero, ¿la disolución de la sociedad corporativa debe acarrear necesariamente el debilitamiento de los derechos en el ámbito del trabajo? Debe admitirse que las transformaciones productivas hacen que no sea más viable el ejercicio del poder sindical del pasado, pero es asimismo cierto que el proceso de modernización se llevó a cabo con poca consideración por los derechos (aunque hubo negociación y los dirigentes sindicales lograron preservar alguna de las fuentes de su poder en particular la administración de las obras sociales, Palermo Etchemendi, Murillo). También es cierto que por la naturaleza de las transformaciones sociales muchos de los derechos no son ya formidables en el ámbito de la negociación laboral (en particular los que afectan a la desocupación y la exclusión social, Rosanvallon).

De modo que la expansión de la ciudadanía puede entenderse también en el sentido de la ampliación de sus competencias: en buena medida las regulaciones sociales que antes eran patrimonio de las tratativas corporativas han pasado a ser objeto de decisiones de los órganos políticos y jurídicos: el parlamento, el ejecutivo y la justicia. Es decir, que en la actualidad muchos de los temas sectoriales dependen en su resolución de la representación política que se da la ciudadanía.

Esta politización de lo social3 puede ser, y de hecho al menos la ha sido en el caso de nuestro país, la ocasión para un retroceso y no una reformulación de los derechos. Ello sucede en la medida en que esa politización formal se produce en momentos de congelamiento o despolitización como fue el caso en los largos años en que la emergencia económica dio justificación para el ejercicio de poderes excepcionales.

Pero la posibilidad está abierta para proyectos de reforma social cuyo objeto podría ser la reconstitución de la ciudadanía social. Esta ha constituido, en los países que conocieron un estado benefactor4, una experiencia de igualdad que favoreció la vida política. Cada cual por su condición de ciudadano tenía y tiene aún el acceso a servicios básicos que son suministrados a todos por igual sin requisito de probar una carencia social y sin que en general ese servicio público esté minorizado por una oferta privada de calidad superior que crearía una diferencia y una desigualdad de hecho.

En la Argentina la experiencia de los servicios públicos fue limitada y en parte asociada a la condición sindical, por lo que su desgaste no suscitó reacciones en términos de defensa de los logros ciudadanos. Una reconstitución de la ciudadanía social tropezaría con obstáculos que no cabe tratar en el marco de este artículo. Pero, uno de ellos que viene al caso mencionar es la relación conflictiva entre derechos políticos y demandas sociales. Estas últimas han sido descalificadas por la desconfianza hacia los dirigentes sindicales considerados beneficiarios del manejo de fondos y poder organizacional, y del descrédito de normativas que son vistas como privilegios que benefician a sectores sociales particulares.

La movilización social general cuya persistencia en los años ochenta fue ilustrada por las huelgas de la CGT en oposición al gobierno de R. Alfonsín entró en decadencia por cierto, porque la protesta sindical inespecífica (contra la política de ajuste, por la renuncia del ministro de economía) se hizo menos factible ante la legitimidad política, en la medida que se fortalecía la consciencia democrática, pero también porque una consecuencia de la democratización es el debilitamiento del imaginario de la unidad del pueblo y de los consiguientes reclamos globales. La consciencia de derechos universales es decir, se extiende a nuevos ámbitos de la vida colectiva, alcanza a "todos" pero también genera reclamos particulares en competencia los unos con los otros: derechos en pugna.

También, y quizás sobre todo, se ha desacreditado la acción colectiva efectuada en términos clásicos de relaciones de fuerza. La capacidad de un sector en hacer sentir las consecuencias paralizantes de su acción gremial sobre los otros ha perdido buena parte de su legitimidad y no es más viable como recurso normal. Toda pretensión de derechos de un grupo se ve orientada a la persuasión lo que ha llevado a la espectacularización (el mostrarse y suscitar así la empatía) y a una argumentación que busca conectar el reclamo particular con principios de interés y legitimidad comunes.

Estas nuevas condiciones han influido en la acción sindical y quizás la ilustración más significativa de esta evolución la constituye la carpa blanca de los docentes. Esta iniciativa innovadora tuvo sin embargo en una acción clásica una huelga docente y una huelga de hambre en solidaridad con los docentes neuquinos, quiénes mantenían en abril del 97 un conflicto prolongado en su provincia , pero evolucionó de una lógica de relaciones de fuerza a otra en la que prevaleció la búsqueda de apoyo y solidaridad en un contexto de circulación informativa más mediática.

El epicentro de la acción fue la Carpa Blanca en cuyo interior ayunaban por tandas grupos de docentes representativos de todo el país y que iba recibiendo la visita de grupos escolares, de variadas personalidades, pero también de deportistas o gente del espectáculo que en ocasiones realizaban exhibiciones públicas de solidaridad en el mismo lugar. Merced a ello, en el año 97 hubo una creciente sensibilización de la opinión pública cuyo punto de arranque fue la visibilidad de los docentes con salarios muy bajos y condiciones de trabajo adversas, pero se extendió merced al debate que se suscitó una preocupación ante la decadencia educativa. La fuerza del movimiento fue tal que logró traer, de hecho, el tratamiento del tema a su dimensión nacional luego que la ley Federal hubiese derivado la cuestión educativa, y en particular los salarios, al ámbito de cada provincia.

Esta nacionalización fue posible en buena medida porque se puso de relieve el incumplimiento de la ley que el propio gobierno había promovido y según la cual cada año se incrementaría el presupuesto educativo, hasta lograr al cabo de cinco años su duplicación, Este núcleo argumentativo le daba al conflicto un carácter específico y negociable, diluyendo otros discursos sindicales de pretensión ideológica que parecían orientados a subordinar los reclamos a cambios políticos decisivos.

Este conflicto originado en un sindicato con posiciones de la tradición "nacional y popular" fue innovador también en el sentido de la autonomía que logró respecto a las fuerzas políticas. Pese a cierta propensión a hacer de la Carpa un polo de convergencia de la oposición y de todos los conflictos y todos los reclamos, prevaleció una especificidad de las demandas sectoriales y una búsqueda amplia de apoyos que en su dinámica creó un abanico de solidaridad5.

Este conflicto y su encarnación en la carpa docente puede ser ilustrativo de una transición entre las formas tradicionales de acción colectiva y las nuevas orientadas hacia la ciudadanía y con recurso abundante a los medios de comunicación pero sin plegarse a su encuadramiento. La Carpa Blanca persistió como acontecimiento producido y condicionado por fuera de los medios aunque devino un mensaje mediático y el éxito de la acción se debió en buena medida a esta circunstancia6. Por supuesto, la interpretación que aquí ofrecemos es extremadamente limitada y deja de lado el complejo tema del rol del sindicato Cetera y de sus orientaciones durante el conflicto.



UNA NUEVA CIUDADANÍA

La centralidad que ocupa la ciudadanía en la vida pública podría ser considerada como una consecuencia natural de la consolidación de la democracia. Pero la observación de las experiencias democráticas en diversas sociedades ilustra la existencia de diversos tipos de democracia, todas con una ciudadanía amplia pero en algunos casos mínima (llegando ésta a reducirse al ejercicio de los derechos civiles pero con una parte importante de la población autoexcluída del ejercicio del derecho a elegir, como es el caso de los Estados Unidos) y en otros en cambio más presente ya sea como opinión pública o como ciudadanía activa.

Sin embargo en todos los países occidentales se ha especulado sobre la posibilidad de una evolución despolitizadora en nuestras sociedades. La crisis del Estado benefactor conllevó una retracción de las políticas públicas que ha ido en detrimento de la posibilidad y aún del interés de constituir una voluntad política y emprender reformas globales. La caída del comunismo no sólo aparejó la universalización de la democracia, sino que también privó a ésta del desafío que había motorizado la lucha política a lo largo de este siglo.

No pocos diagnósticos hechos en esta perspectiva han puesto de relieve la caída de la pasión política y el desinterés en los asuntos públicos. Y esta percepción parece ser adecuada para la Argentina, en la que pasada la euforia de los inicios del proceso de democratización y superadas las amenazas que se cernían sobre el régimen político parece ir prevaleciendo el desinterés en lo público en provecho de los asuntos privados.

Como hemos visto, la importancia que ha adquirido la opinión pública más mediática podría fijar a la ciudadanía en una posición pasiva y maleable, lo que parece indicar una posible evolución hacía una democracia limitada. Pero, debe igualmente prestarse atención al notable desarrollo de la libertad política que se está produciendo en detrimento de las identidades perpetuas y el clientelismo.

El realineamiento político que se produjo en ocasión del pacto de Olivos y de la reforma de la Constitución fueron un indicio de la mantención del interés político en la sociedad y de la emergencia de una sensibilidad específicamente republicana. Las consultas electorales y los sondeos de opinión han ido ilustrando la creciente independencia de los ciudadanos: de ésto dan cuenta también las fluctuaciones en los alineamientos de la gente a lo largo de las campañas electorales en función de lo que en su transcurso sucedía. Los desplazamientos de votos ya no afectan a un sector pequeño en los márgenes del electorado. Por el contrario, en los grandes centros urbanos el voto cautivo es minoritario.

Las últimas elecciones legislativas realizadas el 26 de Octubre de 1997 fueron una ilustración de la nueva potencialidad política. El triunfo de la Alianza no puede explicarse sino es por el rechazo a los actuales gobernantes por una diversidad de razones, entre las cuales la sensibilidad republicana ocupa un lugar central, lo que desmiente el pretendido voto económico o de interés puesto que en el voto negativo a los actuales gobernantes convergieron beneficiarios y perjudicados por la actual política económica.

Por otra parte, el triunfo de los candidatos de la Alianza en la provincia de Buenos Aires ilustró el retroceso de la capacidad de los aparatos partidarios, de las estructuras corporativas y de las redes clientelares organizadas por el Estado para asegurarse el predominio electoral.

Sin embargo, no debe subestimarse la traba que para la ciudadanía política comporta la pobreza por una parte y la exclusión social que teniendo como núcleo el desempleo alcanza a una diversidad de sectores sociales por otra, puesto que quienes estaban abocados a la urgencia de sobrevivencia o han sido marginados del reconocimiento social tienden a no participar de la circulación política.

Podemos decir entonces, que la nueva ciudadanía es una posibilidad y una hipótesis, pero que ellas están fundadas en tendencias reales y que su confirmación depende de la comprensión de este fenómeno y de la capacidad de actuar en consecuencia.



* Profesor de Teoría Política Contemporánea, UBA. Miembro de la Fundación Carlos Auyero.

1 Entre 1880 y 1930, los extranjeros constituían entre el 25 y el 30 % de la población argentina y una proporción aún mayor de la población activa. La proporción de los votantes en la población adulta masculina fue creciendo en la medida en que la detención del flujo migratorio internacional indujo una «argentinización» de la población: 30 % en 1916, 48 % en 1936 y 56 % en 1943.

2 Las mujeres accedieron al voto en 1947.

3 La «politización de lo social» tiene otro sentido también consistente en que nuevos problemas y ámbitos de relaciones sociales que antes estaban regidos por la rutina de la tradición, ahora son considerados objeto de reflexión y decisión.

4 Es decir, un estado que tomaba a cargo la regulación social y económico en sentido amplio. En lo social esto incluía, la educación, la salud, el desempleo, la jubilación, etc..

5 La consecuencia de esta dinámica se traducía en Diciembre de 1997 en un índice de apoyo a las demandas docentes del 75 % de la población.

6 Aunque los maestros no han logrado aún satisfacción a sus demandas, su acción puede ser considerado un éxito en cuanto a la simpatía recogida, lo que permite augurar que algunos de los proyectos presentados para mejorar la situación salarial serán aprobados, y que mas en general el tema educativo permanecerá en el centro de los asuntos públicos.
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