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CONFLICTIVIDAD SOCIAL, URBANA Y TERRITORIAL
Publicado el 14/01/2014
Por María Florencia Sapia
Matriz de análisis del conflicto: Ocupación del comedor infantil "La Esperanza". Playón de Chacarita o Villa Fraga.



El presente trabajo consiste en realizar un análisis del conflicto social acaecido en el mes de noviembre de 2013, en un asentamiento precario ubicado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya denominación varía según actor social: para los medios de comunicación "Villa Fraga" y para instituciones públicas, sus habitantes y vecinos "Playón de Chacarita". Se encuentra emplazado en terrenos lindantes con la estación Federico Lacroze, del ferrocarril Urquiza, limitado de un lado por las vías del tren y enmarcado entre las calles Fraga, Teodoro García, Céspedes, Guevara y Av. Elcano, contando con solo una entrada por la calle Fraga al 900. Si bien se trata de un episodio breve con una abrupta escalada de violencia, ofició como disparador para la visibilidad -al menos durante tres días- de un problema raigal que no ha desaparecido pues requiere soluciones a mediano o largo plazo: el déficit habitacional y la decisión de reurbanización y radicación de las villas de emergencia o asentamientos precarios; o su erradicación y realojamiento de sus habitantes

Se elaborará la matriz de análisis del conflicto, explorando una temporalidad más extensa a la del episodio, intentando definir el conflicto desde el epicentro, para ello se realizó una búsqueda de como el conflicto había sido tratado por los medios de comunicación, antecedentes del asentamiento en los mismos; documentales y entrevistas a distintos actores en YouTube [1], blogs vecinales y de agrupaciones políticas, informes publicados de instituciones públicas y ONGs relacionadas con la defensa del derecho a una vivienda digna, a efectos de identificar los diferentes actores, quienes estratégicos y escenarios posibles. Además, como consideraciones se identificará cuáles son los recursos actuales afectados por el GCBA para paliar la emergencia habitacional.



1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La crisis habitacional en la Ciudad tuvo un momento de inflexión durante 2001, con la aceleración de un proceso iniciado en la década de los noventa; situación que llevó a que la Legislatura local declarara el estado de emergencia habitacional por el plazo de tres años (Ley 1408). La legislación adoptada entonces suspendía los desalojos en inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad "utilizados con uso manifiesto de vivienda" por parte de grupos familiares en situación de pobreza crítica. El estado de emergencia fue prorrogado en repetidas ocasiones. El 4 diciembre de 2008, la Legislatura porteña, aprobó la Ley 2973 por la cual extendía la emergencia hasta octubre de 2010, obligaba al Poder Ejecutivo a presentar un plan para subsanar el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, ONGs y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en febrero de 2009, esta Ley (N°2973) fue vetada. Resulta significativo que, en la década 2001/2010, según el censo, se duplicó el número de habitantes en las villas mientras que el resto de la población de la Ciudad de Buenos Aires, se mantuvo estable.

Desde la declaración de estado de emergencia habitacional, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han implementado medidas activas referidas a la vivienda y/o emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Ello se relaciona con su obligación de resolver progresivamente el déficit habitacional y, así, cumplimentar la manda constitucional (y convencional) de efectividad en el acceso a una vivienda digna y hábitat adecuado. Algunos ejemplos son las leyes 114, 341, 403, 1251, 3706, decretos 895/2002, 1234/2004, 97/2005, 690/2006, 960/2008, 574/2009, entre otras; las cuales no se han implementado efectivamente, o implemetadas no lograron convertirse en política de vivienda orientada a soluciones de mayor estabilidad.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo descentralizado competente, por una parte, para el otorgamiento de créditos individuales y colectivos de la ley 341; y por otra cuenta con asignación de recursos para la implementación de planes de construcción y asignación de viviendas sociales, no solo son insuficientes a las necesidades de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además los niveles de ejecución presupuestaria revelan incumplimientos significativos.

Asimismo, resulta manifiesto que el menú de soluciones alternativas que despliega la Administración Central, a través del Ministerio de Desarrollo Social, para paliar la emergencia habitacional se reduce a brindar un beneficio de carácter transitorio [2]: alojamiento en hotel, parador, hogar o refugio, o sumas de dinero en concepto de subsidio; careciendo todas ellas de la posibilidad de acceder a un hábitat en condiciones adecuadas para el desarrollo familiar y respeto a la dignidad humana, preservación de la integridad física, psíquica y moral.

Ahora bien, la actividad estatal de los poderes Ejecutivo y Legislativo generalmente no ha sido articulada ni consensuada con la multiplicidad de actores sociales involucrados, donde la ausencia de una planificación estatal coordinada y adecuada que se vincule con el presupuesto, conlleva a la ausencia de respuestas estables y definitivas, que permitan el acceso prioritario a las líneas de créditos hipotecarios o asignación de viviendas construidas por el organismo estatal competente a las personas beneficiarias de programas preexistentes cuya competencia sea paliar transitoriamente la emergencia habitacional y a aquellas familias alojadas en villas, asentamientos precarios o de emergencia.

Ante lo expuesto, el Poder Judicial (inclusive la CSJN en re "Quisberth Castro"[3]) ha interpretado que las medidas adoptadas por el GCBA resultan insuficientes e implican un gasto público desproporcional e irrazonable pues el servicio brindado es inadecuado y transitorio, excesivamente oneroso respecto de su calidad, sumado a la ausencia de un plan de viviendas sociales definitivas. Ha habido un cambio de rol del Poder Judicial en la resolución de conflictos de interés público, donde en las causas se debaten la implementación de políticas sociales y en particular aquellas que buscan soluciones al déficit habitacional desde la Justicia. Podemos decir, que el conflicto social, desborda los instrumentos o los repertorios de acción propios del modelo jurídico y del sistema judicial; tanto respecto de la problemática de fondo como de las acciones derivadas de ellas (usurpaciones, ocupaciones, asentamientos informales, entre otras).

Resulta de relevancia el rol de la Defensoría del Pueblo y de las asociaciones vinculadas con la protección de personas con vulnerabilidad social y que presentan una situación de manifiesta precariedad habitacional en cuanto a condiciones edilicias, de seguridad, salubridad y hacinamiento (villas, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios, hoteles, hogares, refugios, paradores).



2. MATRIZ

1) IDENTIFICACION:

¿Cuál es el conflicto?

Se trata de un conflicto público comunitario, una disputa territorial entre vecinos, por el espacio y las ocupaciones, dentro del asentamiento precario "Playón de la Chacarita" o "Villa Fraga". Su definición ha tenido variaciones durante el transcurso del mismo, ello en vinculación a la significación que intentó darle cada actor social, en el marco de una coyuntura adversa a nivel nacional.

En un primer momento, los medios de comunicación recogieron la versión de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), instalando la noticia de que durante la madrugada del 13 de noviembre de 2013, un grupo de narcotraficantes habían ocupado y desalojado por la fuerza a quienes custodiaban un comedor comunitario, que funciona desde el año 2002 en un galpón dentro de la villa Fraga, en el barrio de Chacarita, hecho que derivó en violentos incidentes entre los manifestantes que tenían intención de expulsar a los intrusos y recuperar el comedor (habitantes del asentamiento y militantes de la Corriente Clasista y Combativa) y las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, los representantes del Estado, negaban que se tratara de un comedor infantil, denunciando que se trataba un centro de operaciones políticas de la CCC, que los enfrentamientos violentos se dieron entre dos bandas de la villa y que no se trataban de un grupo de narcotraficantes, sino de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad social que había tomado el galpón.

Respecto de los habitantes del Playón de la Chacarita, las versiones eran disimiles. Algunos que se identificaban como delegados del asentamiento, aseguraban que eran vecinos de la zona (que algunos ya eran "propietarios") y querrían ocupar el galpón porque resultaría viable para "lotearlo" y erigir construcciones precarias con objeto de afincarse o emprender un "negocio inmobiliario" de compraventa y alquiler de las mismas. Otros, denunciaban que se trataba de vecinos del propio asentamiento que buscaban un techo "propio", cansados de pagar el alquiler de vivienda precarias dentro de Villa Fraga.

2) HISTORIA:

Antecedentes: El predio estuvo ocupado desde la década del setenta por trabajadores del ferrocarril (y sus familias) que se instalaron en el playón de descarga del ferrocarril Urquiza en Chacarita y el Estado los radicó en esas tierras por la cercanía con su fuente de trabajo. Durante los años ´90 y principios del 2000, con motivo de la cancelación del servicio del tren blanco que transportaba a los cartoneros a la Provincia de Buenos Aires, muchos de estos trabajadores y sus familias se instalaron en el barrio.

El tercer movimiento poblacional, se inició en el año 2007 el crecimiento dejó de ser paulatino para convertirse en un destino masivo de otras tantas familias que vieron en el Playón la posibilidad de resolver su necesidad de vivienda. Los medios de comunicación circularon la noticia de su existencia, construyéndose un asentamiento como alternativa para quienes quedaban fuera de las reglas de acceso formal al hábitat.

En el marco del amparo judicial, presentado en el año 2008, "Di Filippo c/GCBA y otros s/Amparo" (Exp. 31699/62), se designó oportunamente un interventor y su equipo, para llevar a cabo un proceso de elecciones donde se eligieron el 27 de noviembre de 2011 a los representantes del asentamiento, conforme la Ley 148 [4].

En mayo de 2012, habitantes del asentamiento cortaron Lacroze al 4100 para repudiar un inminente desalojo judicial de la manzana 8 del barrio, donde se alojaban hace más de veinticinco años aproximadamente 30 familias, y continuar exigiendo al Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires una solución habitacional concreta.

En agosto de 2012, la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación trato el proyecto de Ley 1740-D-2011 que se refiere a la transferencia a título gratuito a favor de la Ciudad de Buenos Aires para la urbanización del Asentamiento Playón de la Chacarita.

¿Cuándo y cómo empezó?

Pese a la multiplicidad de demandas de los habitantes del Playón (principalmente el reconocimiento como asentamiento precario, traspaso y urbanización), y las crecientes necesidades respecto de la falta de infraestructura básica y extrema emergencia sanitaria (insuficiente cobertura de los servicios básicos de agua, electricidad y red cloacal), como consecuencia del colapso estructural del asentamiento y la disputa territorial dentro del mismo, a las 1:30 hs. del 13 de noviembre de 2013, un grupo de unas 25 personas irrumpió en el Comedor Infantil "La Esperanza", el cual funciona desde el año 2002 alimentando diariamente a más de 500 niños, en un galpón de 47 por 17 metros, gestionado por la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Los ocupantes ingresaron violentamente, echando por la fuerza a las personas que se encontraban custodiando el comedor. Luego de los incidentes habrían destrozaron cocinas, robado garrafas y el freezer.

¿De qué manera se desarrolla?

Por la mañana del 14 de noviembre, aconteció otro enfrentamiento, confuso respecto entre quienes se suscitaba, participando militantes de CCC, habitantes del asentamiento que tenían la intención de recuperar el galpón, y los usurpadores. Ello así, hasta la intervención de las fuerzas de seguridad. Se formó un cordón para separar a los "ocupantes" del resto, pero pasadas las 18 hs., llegó la Guardia de Infantería para reforzar la vigilancia, lo cual irritó a quienes reclamaban la liberación del predio. Cerca de las 21 hs. al grupo de personas que había tomado el comedor, se les brindó asistencia social y desalojaron pacíficamente el galpón, volviendo la calma al barrio, con mucha custodia policial.

Como sucede en otros asentamientos precarios, la alta demanda habitacional juega un papel fundamental en la disputa por el espacio, y el Playón de la Chacarita no fue la excepción: 5000 personas en construcciones precarias de hasta cinco pisos, donde el alquiler mensual de una pieza asciende a las sumas $900 a $1200; y las ventas de una vivienda de 40m2 con dos habitaciones, baño cocina y comedor podría costar $90000.

El contexto es la crisis socioeconómica en el que se desarrolla el episodio, sumado al alto déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento vertiginoso del asentamiento "Playón de Chacarita", el cual luego de una intervención judicial logró normalizar la representación de sus delegados llevando adelante elecciones con alta participación del mencionado asentamiento precario, y con un proyecto de Ley en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación para la transferencia de tierras a la Ciudad. Ello es un muestra de que lejos quedó el paradigma sobre la erradicación de villas [5], y quizás la posible oportunidad de su radicación y con ello la visión de ser la única herramienta para acceder a una vivienda definitiva, implica una "los otros o nuevos ocupantes" representan una amenaza para los habitantes del playón, y estos a su vez, son "los otros" desde el punto de vista de los vecinos del barrio de Chacarita que reclaman el desalojo del asentamiento y asegurarían que detrás de todo, la inseguridad del barrio, el narcotráfico, hay un negocio inmobiliario manejado por punteros que alquilan las piezas a trabajadores cuyos ingresos no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

¿Cuáles son los hechos más destacados?

. Madrugada del 13/11/2013. Ocupación por la fuerza de un galpón dentro del "Playón de Chacarita" donde funciona el comedor infantil La Esperanza, y expulsión de los militantes de la CCC que lo estaban custodiando

. Incidentes en horas de la mañana del día 14/11, manifestantes intentan sin éxito recuperar el galpón y desalojar por la fuerza a los intrusos.

. Guardia de infantería acordona el lugar para bloquear la entrada del comedor, separando a los usurpadores de los vecinos del Playón y los militantes de la CCC.

. Tensión explota a las 18hs., cuando los de la CCC avanzaron sobre la Guardia de Infantería hasta que lograron romper por un momento la barrera. La Policía Federal respondió avanzando sobre la calle y expulsando a la gente fuera del asentamiento, violento enfrentamiento con piedras y palos, convirtiéndose en una lucha campal, que continuó sobre la calle Palta, donde quedaron atrapados vecinos y niños que volvían del colegio.

. A la tarde noche, vecinos del asentamiento cortan la calle Forest, donde prendieron fuego un contenedor de basura.

- Ante escalada de violencia de las últimas horas y la presencia de heridos producto de los enfrentamientos, luego de la negociación y desalojo pacifico, a las 21 hs. del mismo 14 de noviembre, se reforzó la custodia del comedor por Policía y Guardia de Infantería.-



3. ACTORES

¿Quiénes están directamente implicados?

HABITANTES DEL ASENTAMIENTO: Los vecinos de las nueve manzanas/sectores en las que se encuentra organizado el “Playón de la Chacarita”, representados por veintisiete delegados políticos electos por sus habitantes, en el marco de la intervención judicial que tramitó por Expediente 31699/62 ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N 4 de la Ciudad de Buenos Aires.

DIRIGENTES Y MILITANTES DE LA AGRUPACIÓN POLITICA CCC: Gestionan el comedor "La Esperanza" hace más de diez años, alimentado a niños del barrio (merienda y cena). Lo custodian por las noches, denuncian que serían personas en situación de calle enviados por narcotraficantes, que actúan ante la desidia de la Policía Federal.

OCUPANTES DEL COMEDOR: Del análisis situacional no ha quedado claro si las personas que irrumpieron y expulsaron con violencia a las personas que custodiaban el comedor, haya sido organizadas por mafias que realizarían negocios inmobiliarios o grupos relacionados con el narcotráfico; el dato objetivo resulta del censo donde mujeres y niños luego se encontraban como ocupas dentro del comedor, con vulnerabilidad social que habría sido diagnosticada en la intervención estatal que tuvo como resultado el desalojo por el otorgamiento de subsidios.

¿Quiénes están involucrados indirectamente?

Algunas agrupaciones políticas, vecinales y ONGs [6] a favor o en contra del asentamiento en sí mismo, y los conflictos que se suscitan. Para los vecinos de la zona ese "El otro" es un enemigo visible para ellos (disminución del valor de la propiedad, inseguridad, contaminación visual, entre otras) pero invisible para el Estado, cuya inacción posibilita el abrumante incremento de los asentamientos precarios ante el déficit habitacional, máxime cuando el foco se encuentra en la urbanización en vez de en la erradicación de villas, por tanto la disputa por la tierra como bien escaso, es un conflicto en permanente estado de latencia, cuyas escaladas de violencia son abruptamente ascendentes en intensidad y tiempo.

El ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE SEGURIDAD). Las fuerzas de seguridad que intervienen ante los incidentes y mantiene su presencia como disuasoria, para equilibrar la relación de poder entre manifestantes y usurpadores. Otros actores denuncian que encubren los negocios ilegales dentro del asentamiento. El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL envía 400 raciones diarias al Comedor. El PODER LEGISLATIVO respecto del proyecto de ley de traspaso de las tierras que en la actualidad pertenecen al Organismo Nacional de Administración de Bienes. La empresa AYSA S.A. respecto de la deficiencia en la distribución de agua potable y desagües cloacales.

El ESTADO LOCAL (MINISTERIO DE SALUD – CESAC 33) como consecuencia de las condiciones de habitabilidad y emergencia sanitaria que presenta la población del asentamiento conocido como el "Playón de Chacarita", trabajan junto a las organizaciones sociales del barrio y sus vecinos, en un tráiler realizando atenciones inmediatas y básicas. Teniendo en cuenta el diagnóstico del Estado Nacional (los ocupantes del comedor se trataban de personas con vulnerabilidad social), el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL local para la "solución y desalojo pacifico del comedor" dispuso sus recursos para paliar la emergencia al servicio de las mencionadas familias (subsidios habitacionales transitorios), y, con respecto al Comedor La Esperanza recibiría subsidios al igual que otros trescientos comedores de la Ciudad. El INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD, teniendo en cuenta que uno de sus principios generales es propender a reducir el déficit habitacional, de equipamiento comunitario, infraestructura y servicios; y planificar la urbanización de villas y asentamientos y núcleos habitacionales transitorios en cumplimiento del art. 31 de la CCABA (art. 4 y 5 ley 1251).

Algunos MEDIOS DE COMUNICACIÓN (que al igual que los funcionarios gubernamentales, intervienen sin poner en la agenda el epicentro) visibilizaron brevemente el acontecimiento cuando por la coyuntura, otros le dieron mayor cobertura puesto que al no responder a los intereses oficialistas, han visto en la noticia la oportunidad de "vender" temas consumibles como la inseguridad, narcotráfico, usurpación de tierras, saqueos... Al igual que cada actor social involucrado directamente en el conflicto tiene posiciones diferentes, lo mismo sucede con los medios de comunicación. Del tratamiento dado en el conflicto bajo análisis, el posicionamiento ha sido diferente en cada grupo multimedia.

La comunidad religiosa se encuentra presente en el asentamiento, con una Capilla desde el año 2006, dependiente de la Parroquia San Pablo Aposto a cargo del Padre Gabriel Marronetti.

¿Existen ahora o pueden existir alianzas, coaliciones entre las personas o grupos?, ¿entre quienes?, ¿por qué?

Las alianzas se configuran y se reconfiguran en su evolución, no son las mismas antes o después de la supuesta vinculación de un grupo de narcotraficantes en el episodio de la toma del comedor. Puesto que en un primer momento tanto militantes de la CCC como habitantes del asentamiento se aliaron para expulsar a los intrusos supuestamente "narcos". Con el correr de las horas, el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad no corrió con la misma coalición de ambos grupos.

El proceso de democratización del asentamiento podría ser una experiencia enriquecedora para sus habitantes, quienes a partir de haber elegido representantes y dictado un estatuto, podrían realizar alianzas con los dirigentes del CCC y la comunidad religiosa para garantizar la continuidad y funcionamiento del comedor infantil "La Esperanza", articular acciones para prevenir una nueva toma.



4. RECURSOS:

¿Qué tipo de bienes materiales o simbólicos están en juego entre los actores?

Se trata de un episodio dentro de un asentamiento informal por el uso de la tierra y del espacio público (comedor infantil- ¿alimentación vs. vivienda?), pero también es un conflicto intercultural, ocurre en un marco de desigualdad social y multiplicidad actores sociales con diferentes ideologías, el acceso a una vivienda digna, luchas de poder y el clientelismo.



5. PODER:

¿Qué condiciones de poder tiene cada uno de los actores respecto de los demás?

Los militantes de la CCC y los habitantes del Playón:

1) Denuncia. Manifestaciones

2) Capacidad de convocatoria y reacción.

3) Iniciativas Legislativas.

4) Resistencia y descontento social ante la precariedad derivada de la crisis socioeconómica.

5) Capacidad de influir en los procesos electorales

Los ocupantes:

1) Mantenimiento de la toma del galpón – uso de fuerza/violencia

El aparato estatal nacional y local:

1) Recursos

2) Control de la fuerzas de seguridad

3) Focalización en el episodio con el objeto de eludir las circunstancias fácticas desidia y ausencia en la planificación estratégica de una política pública integral para el acceso a la vivienda, con objeto de lograr la autonomía y dignidad de la persona humana, con trabajo, salud, educación y vivienda.

4) Influencia a través de medios de comunicación, ya sea oficiales o privados, según se trate del Estado local o nacional para la focalización descripta supra.

¿Cómo es la relación?

Respecto de los manifestantes que se opusieron a la ocupación (vecinos y los delegados del asentamiento junto a los militantes de la CCC) y las personas que intrusaron el comedor, se estima que la relación de poder es asimétrica, pese a que fue equilibrada con la intervención de las fuerzas de seguridad que impidieron la recuperación por la fuerza y de manera violenta, intentada por los manifestantes. La cohesión entre los vecinos del asentamiento y los militantes de CCC si bien respondió a diferentes necesidades e intereses involucrados (NBI para unos, políticos para otros) compartían un único objetivo: que continúe funcionando dicho galpón del Comedor Infantil La Esperanza y mantener el uso de espacio público escaso en el asentamiento.

La relación entre el Estado y los movimientos sociales del asentamiento "Playón de Chacarita" es asimétrica.

No han surgido de la investigación preliminar elementos que permitan evidenciar quienes son las personas manejan el "sistema inmobiliario informal" y su relación/alianza con dirigentes políticos políticas que permiten el desarrollo de su actividad.

¿Alguna de las partes tiene poder suficiente para imponer a otros su decisión?

Si, pues la acción de los militantes del CCC y algunos habitantes del asentamiento para recuperar el galpón mediante el uso de la fuerza y justificando dichos medios por el fin (funcionamiento de un comedor infantil), si bien fue neutralizada por las fuerzas de seguridad, fue un mecanismo de lucha y de presión donde se posicionaron los actores sociales, logrando un plano de visibilidad que los configure como acontecimiento. Ello así por la necesidad de una repercusión pública que gravite en la emergencia de soluciones, pareciera que requiere, en estos tiempos, de una puesta en escena que encuentre un espacio en los medios de comunicación, que "el periodismo convierta la actualidad en tema" [7].



6. PROBLEMAS.

¿Cuáles son los problemas asociados al conflicto?

Problema Focal (PF):“AUSENCIA DE UN PLAN ESTRUCTURAL INTEGRAL BASADO EN UN RAZONABLE SISTEMA DE PRIORIDADES Y DESTINADO AL EFECTIVO ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y HABITAT ADECUADO DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA HABITACIONAL CRÓNICA”

¿Qué otros conflictos pueden relacionarse con el detectado como principal?

1) Insuficiencia e ineficacia de los sistemas implementados para cumplimentar con la manda constitucional de resolver progresivamente el déficit habitacional y efectivizar el derecho al acceso una vivienda digna.

2) Dificultad de acceso a las líneas de créditos hipotecarios sociales, sumado a que el menú de soluciones alternativas que despliega el Estado para paliar la emergencia habitacional se reduce a brindar un beneficio de carácter transitorio: alojamiento en hotel, parador, hogar o refugio, o sumas de dinero en concepto de subsidio; careciendo todas ellas de la posibilidad de acceder a un hábitat en condiciones adecuadas para el desarrollo familiar y respeto a la dignidad humana, preservación de la integridad física, psíquica y moral.

3) Carencia de asignación de recursos para la implementación de planes de construcción y asignación de viviendas sociales acorde a las necesidades de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Ausencia de una planificación estatal coordinada y adecuada que vincule el acceso prioritario a las líneas de créditos hipotecarios o asignación de viviendas construidas por el organismo estatal competente tanto a las familias que habitan en asentamientos, barrios de emergencias "villas" como a aquellas familias beneficiarias "sine die" de programas sociales preexistentes del GCBA cuya competencia sea paliar transitoriamente la emergencia habitacional.

5) Recursos estatales invertidos irrazonablemente, en la medida que el gasto erogado es desproporcional a producto resultante que no satisface la protección y asistencia integral de las familias o personas solas beneficiarias de programas habitacionales existentes: carencia de acceso a una vivienda en condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad.

6) Cambio de paradigma de la "erradicación" a la "radicación" de villas: "La idea de radicación para las barriadas miserables ha permanecido como residuo ideológico de épocas pasadas pero sirve como base de clientelismo político, y en los casos extremos, actúan de escudo de protección de zonas liberadas, pero ahora para mafias y circuitos fuera de la ley. Aunque eso no ocurriera, no es posible dejar de leer en ella la creencia en la existencia de un grupo humano diferente e inmóvil, sin deseos de progreso o ascenso social, autocondenado a una permanente separación del resto de la comunidad." [8].



7. VALORES.

¿Qué valores puede identificar en la situación planteada y qué relevancia pueden tener en la gestión del conflicto?

La axiología es la disciplina que estudia los valores, y se los puede definir como "cualidad o conjunto de cualidades que hacen que una persona o cosa sea apreciada". El valor es la convicción reflexionada y firme de que algo es bueno o malo y de que nos conviene positiva o negativamente. Hay personas que le dan la máxima importancia a una cualidad que para otras, no tienen tanta significación; eso depende de las escalas de Valores de cada individuo.

Para la gestión del conflicto tendrían relevancia trabajar a partir de los Valores identificados con los actores involucrados, pese a que en el episodio en sí mismo algunos parece haberse desvanecido; ellos son: dignidad, compromiso, equidad y justicia social, solidaridad, cooperación, empatía, respeto, lealtad, tolerancia, identidad cultural, democráticos. Insisto en la circunstancia de que dichos valores se encuentran en los grupos que conviven en el asentamiento, pero se pierden al momento de reaccionar con la mayor violencia a la utilizada para usurpar el galpón, pero lo harían en el convencimiento de que el medio justifica el fin (sin visibilidad, quizás no lograban el fin de recuperar el galpón para que continúe funcionando el comedor).

¿Qué valores prioriza cada parte en su sistema de orden jerárquico?

Respecto de la jerarquía de valores, la misma determina el comportamiento humano según el alcance de la significación o importancia que se le atribuya. Si consideramos que un valor es el resultado de tres componentes: Un Objeto que se desea (ej. HABITAT ADECUADO), un Sujeto que escoge (ej. USURPADORES) y un Contexto Social (ej. DEFICIT HABITACIONAL- ASENTAMIENTO PRECARIO COLAPSADO).

Los "OCUPANTES" tienen como valores la dignidad, humildad, coraje y perseverancia, para desalojar y ocupar por la fuerza un galpón dentro de un asentamiento precario donde funciona un comedor infantil; esos valores como preferencias que se suponen justificadas -no moralmente- sino como consecuencia de un juicio de necesidad.

Considerando que los militantes de la CCC gestionan el comedor hace mas de diez años (SOLIDARIDAD- EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL-COMPROMISO) y conviven con los vecinos del asentamiento, podrían compartir en la escala de valores: RESPETO, TOLERANCIA, COOPERACION. Entre los vecinos del asentamiento, cuyas manzanas estarían divididas por IDENTIDAD CULTURAL, estimo que sus valores son DEMOCRATICOS, IGUALDAD, DIGNIDAD Y LEALTAD.



8. USOS Y COSTUMBRES.

¿Cuáles son los usos y costumbres de los actores involucrados en el conflicto?

- Uso de fuerza/violencia para la visibilización de una problemática habitacional determinada.

- Ocupación/Usurpación como alternativa para el acceso a una vivienda digna.

- Uso del espacio público como lugar de expresión ciudadana y protesta.

-Estado nacional o local, usualmente, interviene luego de escala de violencia, brindando soluciones transitorias en aquellas situaciones relacionadas con emergencia habitacional, y el grado de compromiso y recursos afectados dependerá de la visibilidad y duración de cada conflicto en particular; y en otros supuestos mediante represión por parte de las fuerzas de seguridad.



9. PROPUESTAS Y CONTRIBUCIONES.

¿Qué propondría para abordar/transformar el conflicto? ¿Existen posibilidades de gestar espacios dialógicos? ¿Quién tiene posibilidades a partir de tener legitimación para hacer convocatorias? ¿Hay actores clave detectados como quiénes estratégicos para colaborar en el conflicto?

Para el análisis situacional se realizó una evaluación a partir de las preguntas por qué, cómo y con qué propósito intervenir en un conflicto. En este caso se analizó un episodio más que visibiliza un problema raigal como el déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. El "por qué" intervenir en este conflicto deviene de la circunstancia que los medios de comunicación y el aparato estatal parecieran haber cerrado un capitulo en el libro de conflictos sociales con la resolución transitoria ofrecida y aceptada hasta el momento. Si bien, la experiencia demuestra que las respuestas transitorias en materia habitacional resultan inadecuadas por ser las únicas brindadas; podrían considerarse una herramienta para disipar la escalada de violencia en un momento determinado del conflicto y ser un punto de partida para la búsqueda de una solución estructural a la situación de vulnerabilidad social de los habitantes del Playón.

Para resolver este conflicto el Estado Nacional y local habrían intervenido conjuntamente, trascendiendo el otorgamiento del subsidio habitacional dispuesto en el Decreto 690/GCBA/2006 y sus modificatorios a las familias ocupantes del comedor, luego de una escalada de violencia. Siendo dichos recursos insuficientes e inadecuados para el acceso a una vivienda digna, aún de manera transitoria, el conflicto continúa en estado de latencia, siendo esta la etapa propicia para abordarlo. Teniendo en cuenta que se trata de un asentamiento organizado y "judicializado", con denuncias sobre existencia de mafias y circuitos fuera de la ley, narcotráfico y negocios inmobiliarios, sumado a la intervención de múltiples actores y múltiples dimensiones las problemáticas que atraviesan a los habitantes y vecinos del Playón, podrían utilizarse los espacios dialógicos abiertos en torno a la intervención y sumar a otros quienes estratégicos para evitar su repetición y brindar una solución de mayor estabilidad.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en este momento de latencia, podría iniciar este proceso, convocar a actores institucionales, gubernamentales tanto del ámbito nacional como local, y a actores sociales y promover el mencionado espacio de encuentro, ya transitado por el equipo de la intervención [9] con los representantes del Playón, para que los quienes estratégicos (donde sumaría a la comunidad religiosa con presencia en el asentamiento), para abordar la problemática de extrema vulnerabilidad de sus habitantes, en el entendimiento que dadas las dimensiones del terreno y los conflictos interjurisdiccionales que aún no tienen resolución, la urbanización no será una solución habitacional digna en el corto ni mediano plazo [10].

El episodio analizado en la presente matriz evidencia que la violencia directa es consecuencia de la violencia institucional, cultural y estructural. El problema focal es la es la ausencia de un plan integral para el efectivo acceso a una vivienda digna, basado en un sistema de prioridades y destinado a personas en emergencia habitacional crónica, como una alerta temprana, sin perjuicio de los recursos que se destinen a la atención de las urgencias.

Los actores directos del conflicto se encuentran ambos en situación de desigualdad social, en tanto que unos se encuentran con distinto grado de exclusión del sistema. Como en todo conflicto social la diferencia de intereses y su colisión (Alimentación vs. Acceso al suelo urbano o vivienda) La eterna emergencia habitacional y la ausencia de priorizar políticas sociales, implica que la decisión de no hacer es una política pública.

Las diferencias sociales recrudecen en enfrentamientos y desalientan el contacto; cercar las diferencias amenaza la vida comunitaria. Aquellos que se encuentran en contra del asentamiento del Playón de Chacarita y de su urbanización, tampoco propugnan un plan de erradicación y financiamiento estatal para la construcción masiva de viviendas, no lo plantean como una problemática pública sino como conflicto de convivencia territorial, pese al muro que es una la frontera en múltiples sentidos (física, ideológica, cultural y de lenguaje) que "divide" a los vecinos de los “otros” habitantes, los de asentamiento, los excluidos.

"Nunca se ha hablado tanto de las desigualdades y, al mismo tiempo, nunca se ha hecho menos para reducirlas… contradicción que replica el hecho de la brecha que se profundiza entre la progresión de la democracia-régimen y la regresión de la democracia-sociedad" (Pierre Rosanvallon)



[1] Algunos videos ilustrativos y enriquecedores en YouTube “MI AVENTURA”, “CUESTION DE ESPACIO”, “RECONOCIMIENTO”, “RECORRER EL PLAYON CHACARITA”.

[2] Respecto de otorgamiento de subsidios dinerarios, actualmente se encuentran en vigencia el Programa de Apoyo a Familias en situación de Calle (Dto. 690/2006 y modif.) y el Programa de Apoyo Habitacional en sus tres actividades: Seguimiento beneficiarios Incentivos (art. 7 Dto, 574/2009- no ingresan nuevos beneficiarios) Vivienda Transitoria(art. 3 Dto.97/2005) y la “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles” (art. 19 Dto. 895/2002, Dto. 1234/2004 y modif. – no ingresan nuevos titulares beneficiarios).

[3] Este fallo deja en evidencia las falencias estructurales de las políticas públicas de la ciudad en materia de vivienda y la necesidad de una política social integral, planificada y debidamente coordinada que permita dar respuesta definitiva a la emergencia habitacional que sufren los grupos más vulnerables. En este sentido, el pronunciamiento de la Corte resulta trascendente en un contexto de aumento progresivo de la población de villas y asentamientos, que ya duplica la de 2001 y triplica la de 1991. Además, el 40% de esos habitantes reside en habitaciones alquiladas de manera informal. En diciembre de 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al Estado argentino a adoptar políticas que garanticen el acceso equitativo a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia y que luche eficazmente contra la especulación en los mercados inmobiliario, de la tierra y de la construcción. También en diciembre de 2011, la Relatora Especial sobre vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, recomendó al Estado argentino a diversificar y flexibilizar los programas, adecuando el uso de los fondos a las necesidades existentes, a una mayor coordinación y articulación de los programas y fondos nacionales y provinciales y a una política de regulación y subsidio a los alquileres. (28/11/13 http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1497)

[4] Esta ley establece la urbanización de las villas de la ciudad de Buenos Aires, con participación de sus representantes políticos electos por sus habitantes. El equipo designado por la intervención judicial operó como único intermediario entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los habitantes del “Playón de Chacarita” a fin de canalizar, encauzar y responder a la totalidad de las necesidades del barrio.

[5] Considéranse a los planes de erradicación que se combinaban con la asignación de viviendas sociales, como política pública orientada a abordar el déficit habitacional. En oposición, las llamadas políticas de “radicación” y “urbanización” de villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales precarios, solo eternizan una situación de precariedad que no alcanza los estándares mínimos de “vivienda digna”, estabilizando la segregación, sin olvidar que muchos de sus habitantes siguen alquilando y no acceden a la vivienda. Este modelo tomado de Brasil corre el riesgo que como dicen algunos analistas, “el plan favela-barrio logró sobre todo favelizar los barrios…”.

[6] Red Hábitat; Movimiento Popular por la Dignidad (Canal YouTube “En Movimiento TV), CEAPI, ColectivoXLaIgualdad, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A., grupo de vecinos blog: asentamientoenchacarita.blogspot.com.ar, entre otros.

[7] Lectura recomendada: Alejandro Nató-Liliana Carbajal “La conflictividad social desborda el dispositivo jurídico/judicial. Hacia un modelo de intervención integral en conflictos sociales urbanos o territoriales”, Revista Jurídica Mario Alario Di Filippo – Facultad Derecho – Universidad Cartagena.

[8] Lectura recomendada: LIERNUR, JORGE FRANCISCO "De la erradicación a la radicación, Pequeña historia de un cambio de paradigma", Revista TODAVIA Nro 20. Diciembre de 2008.

[9] El equipo designado por la intervención judicial operó como único intermediario entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los habitantes del “Playón de Chacarita” a fin de canalizar, encauzar y responder a la totalidad de las necesidades del barrio.

[10] Un ejemplo es el caso de la ex villa La Dulce. Correlato de las precarias respuestas del gobierno local ante la emergencia habitacional de los vecinos de la villa La Dulce, con esfuerzo y perseverancia ha sido posible articular el reclamo y la movilización de los vecinos con una estrategia de negociación en el ámbito judicial para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos. En otras palabras, de transformar instancias políticas de negociación en obligaciones legales cuyo cumplimiento es exigible ante los tribunales de justicia. Los actores institucionales que han acompañado ese proceso durante casi siete años han sido el CELS, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la Asesoría Tutelar en lo Contencioso administrativo y tributario de la Ciudad y la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires y constituyó un valioso precedente que aporta elementos para diseñar posibles soluciones a la problemática de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, pese a las consecuencias de la judicialización del conflicto. 3/12/2013 http://www.cels.org.ar/agendatematica/?info=detalleDoc&ids=13&lang=es&ss=&idc=604 http://www.cels.org.ar/common/documentos/sistematizacion_ladulce.pdf
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