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VERDAD Y JUSTICIA RETROACTIVA EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
Publicado el 24/09/2013
Por Adolfo Stubrin
El homenaje que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe rindió al ex presidente de la República Raúl Alfonsín por su actuación personal –fue copresidente fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- y por la política que encabezó en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país, me facilita orientar esta intervención como integrante de aquel primer gobierno constitucional (1983-1989) a hacer un repaso de esta política en los comienzos de la presente época democrática con proyecciones sobre la situación actual.



FUENTES

Para empezar deseo hacer una referencia que es a la vez un reconocimiento a dos juristas ejemplares que trabajaron al lado del Presidente Alfonsín en la concepción e implementación de aquella política. Uno es Eduardo A. Rabossi, fallecido un año atrás, que fue miembro de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y Subsecretario de Derechos Humanos; su artículo póstumo ―La CONADEP, sus funciones y sus logros (http//www.hcn.ucr.org.ar) es un testimonio lúcido de cómo se realizó la investigación cuyo informe fuera bautizado -Nunca Mas- por Ernesto Sábato. El otro es Carlos Santiago Nino, también prematuramente fallecido, quien nos legara una obra de indispensable lectura para recapitular un punto culminante de la lucha por la dignidad humana en la Argentina: -Juicio al mal absoluto- (Emecé, Buenos Aires 1997).

A propósito de esta última obra, allí se exponen los dos ejes centrales que articularon la política de Derechos Humanos en la difícil transición argentina a partir de diciembre de 1983: el primero es la verdad sobre el terrorismo de Estado y todas las violaciones cometidas durante la dictadura militar instaurada en marzo de 1976; el segundo es la justicia retroactiva, es decir la aplicación jurisdiccional de acusaciones, debidos procesos y condenas a los autores de esos delitos.

Ambos objetivos fueron y son complementarios, tienen su propia justificación moral y jurídica y ambos dependen para su obtención del cumplimiento de sendas estrategias que afronten los obstáculos fácticos e institucionales que, en cada caso, se les interponen.



DISYUNTIVAS

Cabe recordar que la dictadura en retirada dictó una ley de facto (N ° 22.924) que (auto) amnistiaba todos los delitos cometidos por su personal en ocasión del proceso represivo y destruyó los archivos y pruebas que lo documentaban. No sólo eso, sino también hacer presente que un eje principal de la lucha política y electoral fue la posición de los partidos y líderes en competencia acerca de qué correspondía hacer en este punto crucial para mejor edificar el Estado de Derecho.

En 1973, la frustrada transición democrática había recurrido mediante la denominada Ley de Pacificación Nacional N º 20.508 a la amnistía generalizada, tanto de los hechos de violencia política insurreccional como de represión ilegal.

La Dictadura que entonces concluía (1966-1973), no sólo había dictado la Ley Anticomunista (de facto) N º 20.741, sino que provocó graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en el aberrante caso de la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, cuyos autores fueron perdonados.

Por contraste, el mérito de Alfonsín fue sostener en 1983 que la auto-amnistía debía ser anulada por una ley de jure y sus efectos declararse inexistentes para abrir así la posibilidad de que los dos vectores de una política reivindicativa (la verdad y la justicia retroactiva) pudieran desplegarse. Su rival de entonces, el candidato del Partido Justicialista Dr. Italo A. Luder (que había sido Senador en 1973), con sus propios argumentos, pensaba que el principio jurídico de la ley penal más benigna era inquebrantable y que debía ser aceptado aún en este caso extremo en aras de la convivencia y la pacificación.

Tanto en el programa partidario cuanto en su mensaje proselitista, Alfonsín predicaba que la evaluación del pasado debía ser irrestricta en materia de verdad y debía ceñirse a una teoría sobre grados de responsabilidad en la persecución de delitos cometidos al amparo del poder. Quienes dieron las órdenes y condujeron las acciones para materializar el exterminio debían ser juzgados con prioridad con respecto a quienes las ejecutaron. La finalidad política era erradicar para siempre el terrorismo de Estado, defender la democracia frente a quienes, desde entonces en adelante, osaran levantarse en su contra y escarmentar a los golpistas para que sus atrocidades no pudieran enjugarse en la condena y el castigo de sus subordinados.

Alfonsín dictó también el decreto Nº 159/83 por el cual ordenó el procesamiento de jefes de organizaciones armadas de carácter insurreccional que habían perpetrado acciones terroristas durante el gobierno constitucional. Esa medida, que no pretendía establecer simetría alguna con el terrorismo de Estado sino procurar Justicia donde había imperado la irracionalidad política, fue criticada bajo el nombre de ―teoría de los dos demonios‖ por su presunta intencionalidad compensatoria, a veces ignorando la grave responsabilidad de esas cúpulas. Aún cuando invocaran fines loables o no hubieran cometido por mano propia los numerosos crímenes, los jefes guerrilleros –ese era el análisis- eran responsables de esas muertes y de haberse prestado al juego de provocaciones que condujo al golpe de Estado y a la posterior tragedia.



ANTECEDENTES

La historia política argentina del Siglo XX estuvo signada por numerosos asaltos al poder, el primero contra el Presidente Hipólito Yrigoyen en 1930, lo que signó una democracia intermitente, accidentada y saturada de intolerancia y violencia política. El propósito de interrumpir el péndulo descansaba en una viga maestra, la Ley de Defensa de la Democracia y los delitos y penas que en ellas se creaban para reprimir la actividad conspirativa y los levantamientos armados (Ley 23.077 de agosto de 1984). La impunidad había sido, hasta entonces, la costumbre en la que se apoyaba la fatídica repetición de la historia.

En 1935, plena ―década infame, el Senador electo por Santa Fe Enzo Bordabhere fue abatido por un balazo en pleno recinto de la Cámara por un sicario del régimen fraudulento que imperaba. Su maestro, el Senador Lisandro de la Torre, contra quien iba dirigido el proyectil a raíz de su denuncia de negociados con la exportación de carnes, rindió su homenaje en la sesión siguiente con palabras como éstas: ―el matador está preso, no cejaremos en nuestra lucha hasta lograr que los asesinos sean descubiertos, juzgados y condenados por el crimen.

Antes y después de aquel episodio paradigmático la confusión entre matadores y asesinos fue varias veces una trampa para la política argentina. El diseño intelectual de la propuesta de justicia retroactiva de Alfonsín tenía que ver con la finalidad política de que, esta vez, la democracia enderece sus energías contra los que, sin ensuciar sus manos, daban las órdenes y no se limitara a ir contra las que las ejecutaban, porque se pensó que allí reside la clave para romper el círculo vicioso en el que nuestro sistema político estuvo envuelto.



JUSTICIA

El Juicio contra las tres Juntas de Comandantes de las Fuerzas Armadas fue la página más descarnada pero más esclarecedora de la historia argentina. Entre decenas de casos de transición a la democracia, el nuestro, es un ejemplo único en el mundo. La acusación -iniciada por Decreto N ° 158/83-, el proceso, una vez radicada la causa ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional –la primera audiencia oral fue el 22 de abril de 1985 y el fallo se dio a conocer el 9 de diciembre de 1985-, y la condena –que incluyó a los nueve comandantes en jefe y alcanzó en el caso de Jorge R. Videla la reclusión perpetua- fueron de enorme impacto moral y político. Impulsarlo y sostener sus resultados fue un trámite plagado de dificultades y amenazas para el orden constitucional, entre ellos, tres levantamientos militares.

Pero, sin embargo, se llevó a cabo y la sentencia es una pieza jurídica única sobre la defensa y promoción judicial de los derechos humanos, violados, en forma sistemática, por un régimen que se había adueñado del Estado para imponer el terrorismo. El nexo causal entre las decisiones de escritorio y los hechos de sangre suele ser un pantano para la Justicia. Muchas veces, entre los eslabones de esa cadena se cobijó la impunidad; en alguna ocasión los artilugios defensivos llevaron a la ironía de que los autores ideológicos fueran, a duras penas, acusados como partícipes secundarios de sus crímenes.



REGRESIÓN

Después de eso, el Congreso de la Nación sancionó, a instancias del Presidente Alfonsín dos leyes controvertidas (Ley 22.492 en diciembre de 1986 y Ley 23.521 en junio de 1987), frutos de la debilidad política, orientadas a conjurar peligros ciertos de desestabilización institucional, a la vez que destinadas a consolidar los avances realizados a través del cumplimiento efectivo de sus condenas por parte de los máximos responsables. Lo cierto es que el efecto combinado de ambos dispositivos fue caracterizado como -amnistía encubierta-; porque se creó, en el primer caso, una perención extintiva de la acción penal de apenas 60 días y, en especial, porque la segunda de las leyes, llamada de Obediencia Debida, aplicó esa causal exculpatoria, provocando el cierre de muchas causas, aún cuando quedaran en pie las relativas a la sustracción de menores y a los delitos contra la propiedad.

Es de lamentar, sobre todo, que en 1990 el segundo Presidente constitucional de la nueva democracia Dr. Carlos S. Menem indultara a los altos mandos bajo la idea, recurrente, de que la reconciliación se obtendría por el perdón. Se abusó así de la antigua prerrogativa de los monarcas absolutos, empleada por un mandatario popular, en estos tiempos en los que sobresale como una antigualla, produciendo de nuevo situaciones de impunidad para los asesinos, con efectos inversos a los propuestos.



VERDAD

Por su parte, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas fue creada el 15 de diciembre de 1983 por Decreto N ° 187. Un grupo de relevantes ciudadanos fue designado en representación de la autoridad moral de la sociedad para recolectar información y correr el velo de sombra que cubría el sistema criminal.

Ese esclarecimiento se orientó a dos metas precisas: averiguar la verdad sobre las personas desaparecidas y determinar la ubicación de los niños sustraídos. La obra de la CONADEP al servicio de la verdad es inmensa porque desnudó el modus operandi, identificó los lugares en los que se cometió la masacre y compiló información fidedigna sobre más de 9.000 desaparecidos. Su informe fue presentado y hecho público en septiembre de 1984.

El informe publicado bajo el título de -Nunca Más-. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” (EUDEBA, Buenos Aires 1984), del cual se vendieron un cuarto de millón de ejemplares en el nuestro y en todos los países, habla por sí solo. Sin embargo, el trabajo pudo hacerse gracias a la colaboración entre el estado democrático, a través del Ministerio del Interior, e innumerables personas y organizaciones comprometidas con esa lucha, enfrentando los escollos opuestos por los culpables y sus aliados ideológicos pero también sobrellevando las críticas y la incomprensión de sectores políticos y sociales, muchos de los cuales invocando similares valores y proponiéndose parecidos objetivos, le restaron su apoyo porque desconfiaban de la vía y el procedimiento elegidos.

Pero, además, la CONADEP elevó a la Justicia las denuncias recibidas y esa contribución apoyó la labor de la fiscalía en el Juicio a las Juntas y en las otras causas. Sin ese aporte, esencial para la etapa de instrucción, los procesos hubieran sido mucho más engorrosos y los fallos históricos hubieran tardado mucho más. La búsqueda de la verdad real y de la justicia retroactiva no son caminos contradictorios, al contrario pueden favorecerse mutuamente, como quedó demostrado, pero son dos actividades diferentes que tienen su propia lógica y, por lo tanto, conviene mantener la distinción funcional entre ellas.



DILEMA

Quien mejor supo aclarar este punto fue Claudio Marcelo Tamburrini, investigador en filosofía práctica de la Universidad de Estocolmo y, también, detenido desaparecido de la dictadura, que salvó su vida gracias a haberse escapado de la Mansión Seré, uno de los tenebrosos centros de detención clandestina, episodio registrado en su novela Pase Libre y en la película Crónica de una fuga del director Adrián Caetano.

Tamburrini (que, en otros trabajos, se manifiesta crítico del enfoque sobre los grados de responsabilidad) expuso con convincente sencillez que los procesos judiciales en pro de la condena contra los responsables de la represión son un camino subóptimo para encontrar la verdad sobre los crímenes, porque los imputados callan, dicen menos de lo que saben o mienten, empleando por lo demás la garantía constitucional de no declarar contra sí mismos.

Contrario sensu, obtener el máximo de datos y circunstancias acerca de los hechos requiere que muchos culpables, aún cómplices y encubridores, aporten sus testimonios sin asumir riesgos penales por las consecuencias. Esos logros podrían obtenerse en investigaciones de naturaleza específica, a cargo de las autoridades judiciales (los Juicios por la Verdad) u otras agencias.



ACTUALIDAD

En tiempos recientes la verdad y la justicia retroactiva han logrado importantes avances. El progreso de la conciencia, el derecho y la Justicia internacional en materia humanitaria han determinado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los cuales tienden a abarcar a los actos terroristas contra los Estados; la modernización constitucional alcanzada con la Reforma de 1994, gracias a la cual los tratados sobre derechos humanos, entre ellos la Convención Americana, ostentan el máximo rango normativo; la lucha incesante por la identidad de los hijos de desaparecidos; los logros científicos aplicados a la investigación y la medicina forenses; la labor de la Justicia en los países avanzados aplicando el principio de extraterritorialidad fundado en la nacionalidad de las víctimas son algunos de esos trabajosos pasos adelante.

La Ley N º 25.779 de 2003 que deroga y anula los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual composición, sobre la reanudación de los juicios (Caso Simón en 2005) han permitido la continuación auspiciosa de la actividad jurisdiccional, tres décadas después de la masacre. Pero, desde luego, los nuevos rumbos no están exentos de acechanzas y paradojas.

La desaparición, hace dos meses, de Jorge Julio López testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz, representa un desafío para que el orden democrático esclarezca el hecho y sane las heridas que volvieron a abrirse. La alarma hecha sonar por ese caso obliga a recordar que la política pública en materia de justicia retroactiva tiene que conciliarse con la búsqueda de la verdad, evitando que la primera se hipertrofie y trabe a la segunda.



PROYECCION

A tres años y medio de abierta la fase actual de la democracia presidida por el Dr. Néstor C. Kirchner, la legislación y la jurisprudencia de la Suprema Corte no han completado los avances en materia de administración retroactiva de justicia con la deseable anulación de los indultos de los comandantes militares que, por una u otra vía, podrían evitar que la persecución penal de los matadores sea simultánea, por una extraña paradoja, a la impunidad de los asesinos.

No solo en la Argentina, sino a través de una tendencia universal, las víctimas han adquirido en esta época un creciente protagonismo en las decisiones de políticas públicas contra los delitos y, muchas veces, influyen en la investigación judicial y la administración de justicia. La perspectiva de las víctimas y de sus familiares, a título individual o como colectivos organizados, es insoslayable para que las autoridades actúen con plena sensibilidad y una máxima diligencia en las dimensiones preventiva, reparadora y punitiva.

Al mismo tiempo, es muy importante reflexionar en profundidad hasta entender que las políticas que resuelven sobre la utilización de la coerción estatal sobre las personas, su severidad o moderación, deben responder a la perspectiva de la ciudadanía. El plenario de la ciudadanía debe estar informado y consustanciado con el testimonio de las víctimas y sus familiares, pero debe mantenerse independiente de éstas, cultivando y haciendo prevalecer siempre una conciencia amplia, filosófica y humanitaria, como condición necesaria para ofrecer las mejores respuestas políticas y judiciales.

Estas habrán de estar inspiradas, como ocurrió –también con errores- durante nuestra última y definitiva transición a la democracia, en el interés general o el bien común, o como deseemos denominar a ese conjunto de principios y valores universales que desde los albores de la modernidad, sentó las bases del Derecho, lo constituyó como camino ineludible del poder público y estableció la Justicia independiente para su imparcial aplicación, pilares todos ellos de la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos humanos, en cada país y en la comunidad internacional.
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