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DIÁLOGO SOCIAL Y NEOCORPORATIVISMO
Publicado el 21/09/2011
Por Adrián Goldín
El diálogo social

Una de las dimensiones esenciales desde las que es posible aproximarse a planos como los del trabajo humano y las relaciones que de él derivan es la del diálogo social. Su fundamentalidad le erige en una de los cuatro sectores en los que se expresa la actividad de la Organización Internacional del Trabajo (DIALOGUE) (1). Según se le define en el ámbito de la OIT (2) , el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas - e incluso el mero intercambio de información - entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales; claro está que la definición y el concepto de diálogo social varían según el país o la región y su formulación está todavía en construcción. Sí está claro, siempre según las fórmulas acuñadas en la organización internacional, que las condiciones que permiten el diálogo social, convalidadas por la vasta experiencia internacional cuyo conocimiento converge en la OIT son:

• La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios.

• La voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas.

• El respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva.

• Un apoyo institucional adecuado.

Condiciones éstas sin duda definidamente prescriptivas (más propias del derecho, por tanto, que de las ciencias sociales), su satisfacción sirve no obstante para reconocer la legitimidad de las interacciones que desde la ciencia política se reconocen en las últimas décadas como productos de las vinculaciones resultantes de los neocorporativismos democráticos.

El diálogo social en aquella configuración internacional tiene el mérito de prescribir cuáles son los presupuestos de la autenticidad del diálogo. Aún en esa concepción deóntica (o precisamente por esa pertenencia) no es una prescripción desprendida de la realidad, sino el producto de la más extendida contemplación de la experiencia universal; tiene una gran aptitud explicativa acerca del modo en que se sustancian las relaciones corporativas cuando el estado, los actores y los modos en que se relacionan (el sistema en su conjunto) no reúnen las condiciones exigidas.

…y el neocorporativismo

En cuya relación Schmitter (3) formulara aquella tan conocida como relevante distinción entre las variantes estatal y societal del corporativismo que si bien constituyen modos de representación o intermediación de intereses de grupos políticos monopolísticos y estructuralmente análogos, difieren en su génesis: la variante estatal proviene de la creación e imposición estatal y expresa diversas formas de control (precisamente) del Estado sobre aquellos grupos, en tanto que los restantes gestionan autónomamente su monopolio, desplazando o absorbiendo a otros grupos con pequeña o ninguna interferencia del Estado.

Sin ninguna pretensión de profundizar sobre esta nomenclatura y los conceptos vinculados (que aborda de modo extensivo, sistemático y comparado David Collier (4), a cuyo estudio por tanto me remito), sí resulta evidente que cuando se pasan esos modelos por el cedazo de los principios de libertad que prescribe el sistema internacional, el llamado “corporativismo societal” o neocorporativismo es sin dudas compatible con aquella levantada caracterización del diálogo social mientras que el corporativismo estatal no parece en condiciones de albergarla. Precisamente por ello, sostengo que no es posible calificar adecuadamente las expresiones corporativas que se verifican en la realidad argentina al margen de la incorporación de las categorías consagradas por el pensamiento laboral y la conciencia jurídica universal.

Resta decir, por fin, que diálogo social y neocorporativismo son categorías de diversa procedencia teórica y que responden a lógicas científicas también diversas, pero que abarcan fenómenos sociales y políticos parcialmente solapados que se examinan de modo incompleto si no se les recorre por ambos trayectos en la tarea analítica (5). Dije “parcialmente” solapados pues mientras la idea de neocoporativismo evoca un modo de representación o, más ampliamente, intermediación de intereses, el diálogo social, como lo recordamos antes, comprende todo tipo de negociaciones y consultas entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales; en otras palabras, el neocorporativismo constituye una de las formas de la representación de los intereses, en tanto el diálogo social es un modo de relacionamiento negocial en que los diversos intereses se vinculan e interactúan. Y si bien es cierto que las manifestaciones neocorporativas, por el modo de configuración de las representaciones, tienen una constitutiva proclividad a habilitar esos modos de interacción, resulta igualmente cierto que sujetos constituídos en un esquema estrictamente pluralista pueden también establecer los vínculos del diálogo social y la negociación.

La categorización teórica de las relaciones entre el Estado y los actores sociales en la definición de las políticas públicas.

Neocorporativismo “fracturado”, “reversible” y tendencialmente “estatalista”.


Como se señalara líneas arriba, el diálogo social, en la concepción imperante en el ámbito de la Organización Internacional de Trabajo, requiere asociaciones de empleadores y de trabajadores sólidas e independientes, así como un compromiso consistente de respeto de los principios y las reglas de la libertad sindical.

A mi juicio, las condiciones destacadas no se cumplen a cabalidad en la experiencia argentina; por mucho que, por poderosos, ciertos sindicatos tengan la aptitud de desafiar a los gobiernos de su propio signo y, en ocasiones, hasta de dominarlos, el entramado de intervención estatal en el campo de las relaciones colectivas del trabajo (6) ha dado lugar a un sindicalismo estatalista y tributario del Estado cuya independencia, por tanto, no está garantizada. Muchos de los fenómenos de predominio estatal que se advierten en esos vínculos (7) son clara derivación de esa condición cultural institucionalmente configurada. Tampoco tienen plena vigencia las reglas y principios de la libertad sindical como lo ha dicho recientemente con quirúrgica precisión la Corte Suprema de Justicia de la Nación (8); un régimen de monopolio sindical impuesto por la ley y habilitado por el estado y la carga de exacerbada burocratización sindical que deriva de esa condición.

Desde esa condicionante perspectiva, la observación de las interacciones entre los actores sindicales, empresarios y estatales sugiere que los vínculos que entre ellos se establecen en los niveles cupulares no expresan una manifestación de tripartismo neocorporativo, sino un juego de “diálogos” de a dos (9) (en que quienes participan en esos diálogos ni siquiera se manifiestan de modo orgánico) (10) lo que da lugar a productos diversos en función del contexto económico y político y la orientación ideológica de los gobiernos, pero que en la vinculación con gobiernos del propio signo exhiben ciertas constantes: el sindicalismo defiere respaldo político, privilegia las prioridades electorales de su partido aún al costo de posponer reivindicaciones sectoriales, contribuye al control del conflicto industrial y contiene o, en su caso, modera el reclamo salarial mientras demanda compensaciones más o menos “personalizadas” tendientes a preservar y potenciar sus recursos financieros, organizacionales y políticos y, como su derivación, un devenir ventajoso para el aparato. Es cierto, como sostiene Etchemendy (11), citando a Murillo, que hay una mayor sensibilidad a los requerimientos sindicales cuando existe monopolio de representación; esa sensibilidad estatal, no obstante, al menos en el caso argentino, parece vincularse más intensamente con las demandas organizacionales de los sindicatos que con las demandas funcionales de protección social. Son manifestaciones de lo que hace muchos años designáramos como “neocorporativismo fracturado” (12) - “de a dos”, también por entonces - en el que, por añadidura, el tipo de vinculaciones entre el Estado y los actores le coloca más cerca – aunque de modo atenuado – de aquello que Schmitter definiera como “corporativismo estatal”.

Esa atenuada proximidad nos sugiere la pertinencia de sumar a esa condición “fracturada” del régimen, la adicional condición de “estatalista”. Es cierto que desde un encuadramiento teórico riguroso en las categorías alumbradas por Schmitter, la doble calificación (“neocorporativimo” + “estatalista”) implica una suerte de contradicción en los términos. A mi juicio, sin embargo, “en clave argentina” no lo es: el modo de intensa vinculación con el Estado que evocamos líneas arriba no reconoce identidad, a mi juicio, con los modos de intervención del Estado totalitario imperante en los regímenes que alumbraran manifestaciones de “corporativismo estatal” en sentido estricto.

A su vez, las manifestaciones neocorporativas más completas –la presencia articulada de sindicatos y empresarios (institucionalmente representados) y gobierno en la definición de políticas laborales–

están ausentes; los pactos sociales exhiben en Argentina una historia de frustraciones (13) y los intentos de preconstituir “leyes negociadas” no han fructificado hasta hoy (14).

No es invariable, sin embargo, el contenido de las políticas laborales que se generan a partir de un esquema vinculatorio como el evocado. La experiencia reciente muestra dos trayectos bien diversos: desde uno, el de la gestión menemista, en el que la preservación de esos recursos del aparato tuviera como contrapartida una degradación de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, consentida y hasta coprotagonizada por la dirigencia sindical cupular, hasta el que se encuentra en desarrollo desde el advenimiento de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, en las que las políticas laborales tienden a favorecer a las bases sindicales.

Pese a esta radical diversidad de resultados, aquella notable continuidad del que denominaríamos por ahora “neocorporatismo estatalista y fracturado” no debe sorprender. Más allá de rasgos particulares de unos u otros dirigentes sindicales y empresarios y del modo en que cada uno de ellos administra sus particulares recursos de poder, los actores que transitaran aquellas dos secuencias visiblemente contradictorias (las de los gobiernos de Menem y los posteriores de Nestor y Cristina Kirchner) son ahora los mismos que fueron antes, y sus criterios de acción colectiva vienen históricamente configurados por un sistema de incentivos cuyos trazos institucionales perduran desde hace muchas décadas (15). Algunos relevantes fenómenos de contexto (las características del modelo de acumulación, las condiciones de la economía, las preferencias ideológicas de los gobernantes) suscitan reacciones diversas; otros de sus rasgos – su modo de vincularse con el estado, sus proclividades burocratizantes exaltadas por el modelo institucional – explican el contenido de sus intercambios. El mismo esquema que fue ayer altamente regresivo, puede asumir hoy un perfil progresivo y recuperar mañana aquella crítica condición; hay una matriz institucional, un intercambio corporativo esencial cuya naturaleza no varía, y que hace de este, un esquema reversible y amañando en su relación con la concepción de las políticas laborales.

Pero también “segmentado” o “dual”

Pues es cierto que esas manifestaciones de neocorporativismo fracturado, estatalista y reversible llegan sólo a una parte de la clase obrera – los sectores formales y sindicalizados – y dejan en cambio afuera a los trabajadores informales (casi el 40 % de la población asalariada) así como a otros grupos postergados y vulnerables, desde que son el producto del intercambio de salarios por beneficios organizacionales para aparatos y dirigentes y, sólo cuando el contexto lo hace posible, por ventajas específicas para las bases sindicales, antes que por políticas universales de bienestar (16). Se trataría de lo Etchemendy y Collier, que venimos de citar, designan como “neocorporativismo segmentado” que habilita tendencias de construcción de democracias duales (17), salvo que los gobiernos asuman la responsabilidad de compensar – claro que sujetos a instancias de menos intensa presión en ese sentido – la desventajosa situación a la que quedan postergados los sectores que no pertenecen a aquella singular alianza neocorporativa. En el caso argentino – dependiendo del signo ideológico dominante – es el rol que han cumplido en los ’90 ciertas políticas focalizadas de atención de la pobreza extrema y en los últimos años, decisiones como la del establecimiento de la Asignación Universal por Hijo o la atribución de beneficios jubilatorios sin aportes. Bien entendido que en estos casos nace una nueva conflictividad por la asignación de los recursos entre quienes son beneficiarios del esquema neocorporativo (“fracturado”, “estatalista” y “reversible” y “segmentado”) y quienes se encuentran al margen del mismo (18); y sucede, finalmente, que quienes están fuera de ese esquema y carecen por tanto de voz institucionalizada, corren serios riesgos que quedar total o parcialmente al margen de los actos de distribución (19).

Doblemente “segmentado”, cabría agregar, puesto que se ejerce de modo diverso para con el actor sindical y para con el empresario (“segmentary”, en esa específica perspectiva) (20). En relación con estos últimos, los mecanismos de intervención del Estado son menos férreos; los empresarios se organizan libremente de acuerdo a instituciones y principios del derecho civil y bajo una lógica pluralista (21) por lo que tienden a utilizarse otros mecanismos de cooptación (en los ’90) o según la fórmula “cooptación o intimidación” (en los últimos 8 años) (22) .

Para terminar

Como expresan Murillo y Schrank (23), no es que Latinoamérica (ni Argentina en particular, agrego yo) tienda a parecerse a la Europa occidental, albergando manifestaciones elocuentes de neocorporativismo democrático. Para los mencionados, las más profundas tendencias en el subcontinente son corporativas antes que liberales y quienes estén interesados en establecer acuerdos intertemporales sostenibles capaces de generar desarrollos de largo plazo deberían preocuparse por mejorar, antes que eliminar esa raíz corporativa. Comparto esa perspectiva; aún aquellos “diálogos de a dos”, teñidos por sus rasgos oligarquizantes y sus incentivos de desviación, no son necesariamente peores que el puro unilateralismo estatal en la definición de las políticas laborales. Sin embargo, tampoco puede expresarse satisfacción por el modo de desempeño del sistema en los años recientes; además de las consideraciones de reproche que merecen los intercambios descriptos, sería un error no advertir que esas relaciones contienen en su propio mapa genético aquella amenazante condición de reversibilidad y restauración.



"Las ideas expuestas en este artículo forman parte de la contribución del autor al proyecto "Instituciones y política en la Argentina", dirigido por el Prof. Carlos H. Acuña y financiado por OSDE. El conjunto de las contribuciones constituirán una obra de previsible publicación"



1- Junto con el Standards and Fundamental Principles and Rights at Work Sector (STANDARDS), el Employment Sector (EMPLOYMENT) y el Social Protection Sector (PROTECTION)

2- http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/sd/

3- Schmitter, Philippe, (1992): "¿Continúa el siglo del corporativismo?", en Schmitter, Philippe y Lehmbruch, Gerhard (coords.), “Neocorporativismo I. Más allá del Estado y el mercado”, Alianza, México y mucho antes, “Still the Century of Corporatism”, Review of Politics, 36, 1 1974.

4- Collier, David, (1995) “Trajectory of a Concept. Corporatism in the Study of Latin American Politics, in “Latin America in comparative Perspective”, edited by Peter H. Smith, Westview Press, Colorado 1995 page 135-162.

5- Con puntos evidentes de convergencia, como lo es la idea de concertación, sin duda uno de los modos en que manifiesta el dialogo social en los más altos niveles y que es también – con sus matices y reservas – nítida manifestación neocorporativa desde su aparición en los 80 ( Conf, Etchemendy, Sebastián y Ruth Berins Collier (2008) “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina(2003/2007) Postdata 13, Agosto/2008 (págs. 145/192)).

6- En Argentina, y ello desde la propia concepción del modelo, el Estado – a través del Ministerio de Trabajo -interviene activamente en el modo de organización sindical, en la sustanciación de la negociación colectiva y en el tratamiento del conflicto. Esas instancias de intervención se perciben, “en clave argentina” como connaturales a la sustanciación de las relaciones colectivas de trabajo. Ello implica, no obstante, omitir que, como lo han dictaminado de modo pacífico los órganos de control de la OIT (la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical) de ser necesario intervenir en el campo de las relaciones colectivas de trabajo esa intervención debe ser atribuida a un organismo independiente y los ministerios de trabajo no lo son. A los ministros de trabajo, en tanto secretarios del Poder Ejecutivo en la materia laboral, les compete defender y hacer cumplir las políticas públicas que éste último adopta en ese área. Y, desde luego, está bien que sea así. Pero es que anida íntimamente en la naturaleza de los sujetos colectivos – de los sindicatos, principalmente, pero también de las organizaciones empresarias – el derecho de cuestionar esas políticas y, en el caso de los sindicatos, hasta el de ejecutar medidas de acción directa para expresar. Es precisamente por ello que los ministerios de trabajo no son en modo alguno imparciales cuando se trata de producir una intervención en el campo de las relaciones colectivas de trabajo. Esa constatación es producto de la experiencia universal y de ella, la nuestra sirve como un muy ilustrativo ejemplo en el sentido de que la atribución ministerial de otorgar la personería gremial - en muchos casos, hasta la de dispensar la simple inscrip¬ción - ha sido recurrente¬mente utilizada como instrumento político para recompen¬sar adhesiones, para inducirlas, para reprimir arrebatos contesta¬tarios. En el mismo sentido, entre muchas otras situaciones, las intervenciones ministeriales en cuestiones de encuadramiento sindical, conformación de las representaciones a efectos de la negociación colectiva, intervención “contra legem” en ímplícitas cuestiones de encuadramiento convencional, etc.

7- Es el caso, por ejemplo, del modo de determinación del Salario Mínimo Vital y Móvil, confiado al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil integrado por un número igual de representantes sindicales y empresarios y presidido por un funcionario del Ministerio de Trabajo y Empleo con atribuciones arbitrales y por tanto dirimentes. Sirva de ejemplo el último proceso de determinación de SMVM que tuvo lugar en Agosto de 2011; durante su transcurso, y ante cierta instancia de dureza sindical, la presidente dijo: “O arreglan en un 25 % o laudo yo” (Martín Obarrio en La Nación del 27 de agosto de 2011( http://www.lanacion.com.ar/1401163-o-arreglan-en-un-25-o-laudo-yo-dijo-la-presidenta ). Y el SMVM se incrementó en un 25 %.

8- En autos "Asociación Trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo"(S.C. A. No. 201, L. XL) sentencia del 11/11/2008, y más tarde en autos Rossi Adriana María c/Estado Nacional - Armada Argentina”(S.C.R. No. 1717 L XLI) sentencia del 09/12/2009

9- Conf. Portantiero, Juan Carlos "La concertación que no fue; de la ley Mucci al Plan Austral". en "Ensayos sobre la transición democrá¬tica en la Argentina" (Nun y Portantiero, compiladores) Ed. Puntosur, Buenos Aires, 1987. En la experiencia reciente, la fijación de los salarios de convenio se procura “pautar” mediante un acuerdo con algún sector sindical adicto – en los últimos años, siempre con el sindicato de camioneros, a excepción del año 2007 en que se incluyeron otros 4 sindicatos próximos al gobierno – y luego los empleadores adhieren al criterio “pautado” pues ciertamente ese modo de predeterminar los incrementos salariales es también un modo de operar una cierta “moderación” salarial con la que los empresarios no pueden sino estar de acuerdo. Hay que decir, no obstante que no siempre los propios sindicatos ajustan sus pretensiones a las pautas así establecidas; sirva de ejemplo el último proceso de negociación salarial – el de 2011 – en que aquellas pauta se fijó en el convenio colectivo de los camioneros en un 24 % y sin embargo las restantes negociaciones superaron en su mayoría el 30 % de incremento.

10- Como queda dicho en la nota anterior, la fijación de la pauta para orientar las negociaciones posteriores no se concierta con la CGT (tampoco, por cierto, con las centrales empresarias), sino con uno o varios sindicatos próximos al gobierno.

11- Conf. Etchemendy, Sebastián, “Represión, exclusión e inclusión: relaciones gobierno sindicatos y modelos de reforma laboral en economías liberalizadas” Revista SAAP (ISSN 1666-7883 Vol. 2 No. 1 dic. 2004, 135/164

12- En mi “El trabajo y los mercados; sobre las relaciones laborales en la Argentina”, EUDEBA, Buenos Aires, 1997, pág. 28.

13- Y el último de ellos, el de 1994 vuelve a manifestar intercambios “fracturados” y arreglos “de a dos”. En efecto; el “ Acuerdo Marco para el empleo, la productividad y la equidad social” documentaba el proyecto de reforma flexibilizadora proyectado por el gobierno de entonces y compartido por los empresarios. Los componentes de interés empresario que documentaba ese acuerdo fueron prontamente realizados; los que podrían haber sido objeto de demanda sindical – derecho a la información sindical, régimen de propiedad participada y sociedad anónima de trabajadores, concertación de un Acuerdo Nacional para la Formación profesional, fortalecimiento de la inspección del trabajo, etc. - nunca llegaron a tratarse en esa gestión.…. Ese vínculo “de a dos” se completaba por separado con otro – más explícitamente bilateral, el denominado “Acuerdos Bilaterales entre el Gobierno y la CGT” –por el cual el gobierno otorgaba un amplio plan de pagos – hasta 10 años – para satisfacer las deudas que los sindicatos y las obras sociales mantenían con el sistema previsional y comprometía fondos “frescos” (21 millones de dólares) para fortalecer las finanzas de las obras sociales, en tanto se abstenía de afectar el régimen de negociación colectiva y el monopolio sindical. Poco tiempo después de su sanción, nadie se hacía cargo de la paternidad de aquel “Acuerdo Marco”; el propio gobierno enuncia hacia fines de agosto de 1996 un proyecto tendiente a incrementar la flexibilidad del ordenamiento laboral, anunciando reformas no previstas en el acuerdo y sin hacer referencia alguna al mismo (en buena parte, aún no ejecutado), y, en cambio, omitiendo expresar algún interés en completar las que habían sido postergadas.

14- No hubo en los últimos años manifestación alguna de las denominadas “leyes negociadas”. Sólo un proyecto de ley en sentido formal pretendió el gobierno someter a un previo consenso cupular – el de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo – y pretensión semejante no fructificó hasta el momento en que se escribe este texto.

15- Como dicen Etchemendy y Collier (op. y loc. cit en nota 5), el resurgimiento sindical en la Argentina de los últimos años no es como se supone que debe ser “más democrático, pluralista y mejor predispuesto hacia la labor en la planta, listo para trabajar con movimientos sociales en los barrios, donde reside la crecientemente fragmentada e informal clase trabajadora y para establecer alianzas con movimientos sociales transnacionales o sindicatos extranjeros, sino el sindicalismo peronista tradicional de la CGT” jerárquico, poco pluralista, basado en monopolios sectoriales, con pocos vínculos con el sector informal y los movimiento sociales nacionales o internacionales, aunque desempeñándose en mejor contexto económico y en relación con un gobierno más amigable

16- Etchemendy y Collier, en loc.y op. cit en nota 5.

17- Que se producen cuando “…las elites estatales y los grupos sociales dominantes establecen una alianza con un sector estratégico y minoritario de los sectores populares, con el objetivo de excluir a la mayoría del resto de los actores sociales por medio de la desarticulación/neutralización de su capacidad de acción colectiva” (Acuña, Carlos, “La Burguesía Industrial como Actor Político” Tesis Doctoral Departamento de Ciencia Política, Universidad de Chicago, en particular Capítulo 6 (Cuadro Legal que rige la Organización de Capitalistas y Trabajadores y las Negociaciones Capital-Trabajo en la Argentina), Mimeo, 1995.

18- A modo de ejemplo, el debate acerca de si aumentar los mínimos no imponibles para los salarios formales o, por el contrario, preservar la recaudación para dispensar políticas de bienestar.

19- Es, por ejemplo, el caso de los jubilados y pensionados que han sido relegados “a la mínima” o cuyas prestaciones no han sido objeto de actualización suficiente y oportuna, que vegetan en una litigiosidad “desmadrada “y de destino incierto (casi 500000 juicios en trámite que el gobierno se propone resolver “con cuentagotas”), sin que los actores sindicales – de cuyo ámbito de pertenencia provienen muchos de esos pasivos – se hagan cargo de su defensa y representación.

20- Categorización que pertenece a Guillermo O’Donnell, «Corporatism and the question of the state», en Malloy (ed.): in “Authoritarianism and Corporatism in Latin America”, Pittsburgh University Press, 1977, pp. 89-106

21- Pese a que, como señala bien Acuña en op. y loc. cit en nota 17, el efecto “erga omnes” de los convenios colectivos – su aplicación a todas las empresas de una rama o sector de ella que el Ministerio de Trabajo ha considerado debidamente representados – sugiere una dimensión tendencialmente corporativa

22- Habíamos consignado ese rasgo en nuestro “El Trabajo y los mercados. Sobre las relaciones laborales en Argentina” EUDEBA, 1997, pág. 130

23- Murillo, Ma. Victoria and Andrew Schrank, “Labor Organizations and their Role in the Era of Political al and Economic Reform” in “How Democracy works. Political Institutions, Actors and Arenas in Latin American Policymaking”, (Carlos Scartascini, Ernesto Stein, Mariano Tommasi, Eds), IADB and David Rockefeller Center for Latin American Studies (Harvard University) Washington 2010 page 247
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